Una de las medidas con las que la Junta de Andalucía trata de compensar los derechos perdidos por su plantilla durante los peores años de la crisis dependerá en realidad de lo que ocurra en Madrid. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero,confirmó la pasada semana durante la presentación del Presupuesto regional de 2018 que los empleados públicos verían incrementadas sus nóminas el próximo año un 1,5%, el listón que pactó en su día con los sindicatos.
Ese buen propósito está plasmado en las cuentas públicas e incluso consignado como incremento en la partida salarial, pero este jueves llegó la puntualización: si al Gobierno central se le enreda la crisis catalana y no encuentra aliados necesarios para sacar adelante su propio Presupuesto nacional tendrá que prorrogar de momento los vigentes y no habrá por tanto autorización para que el personal de la Junta cobre más.
Montero intuye que ese escenario es más que probable, así que plantea a Moncloa que le allane el camino. La consejera ha solicitado ya que en caso de que el Ejecutivo central no tenga perspectivas de aprobar a medio plaz0 los Presupuestos Generales del Estado dé luz verde a algún mecanismo en el que enmarcar la subida salarial prometida por la Administración andaluza. Podría hacerse mediante un decreto o cualquier otra fórmula normativa, pero requería siempre el beneplácito de Madrid. Si no fuera así, a la Junta le afloraría un nuevo conflicto al no poder cumplir con las espectativas creadas entre su propio personal.
Ese camino intermedio depende de la sintonía que encuentren el Gobierno de Susana Díaz y el de Mariano Rajoy en las próximas semanas. De momento la receta común que ambos plantean a la crisis desatada por el independentismo catalán facilitaría el camino hacia el entendimiento, aunque el lastre del pasado pesa. Por ejemplo en torno al conflicto de las 35 horas del también sector público andaluz, cuyo decreto recurrió el Gobierno central y que está en suspenso tras aceptarlo el Tribunal Constitucional.
Ese conflicto se resolverá en breve de un lado o del otro, pero queda también por dilucidar el nuevo sistema de financiación autonómica. Cristóbal Montoro adelantó el miércoles que está decidido a dar por fin el último impulso a la ansiada reforma del mecanismo de reparto de fondos, cuya parálisis ha colocado al ministro en la diana de las críticas de la Junta con su queja recurrente de que pierde en torno a mil millones anuales. Montero ya advirtió ese mismo día en una entrevista concedida a Ondaluz TV que no creía “nada” de esas supuestas buenas intenciones y que el retraso acumulado parecía darle la razón. “Ya no es hora de vamos a ver sino de ponerse”, insistió de nuevo este jueves.
El PP se queda sin llamada
El Presupuesto que incluye la subida salarial de los funcionarios es el mismo que el PP seguía intentado hasta este mismo jueves consensuar con el PSOE, aunque el intento cayó de nuevo en saco roto. Salvo milagro a primera hora de este viernes, fecha tope para registrar las enmiendas a la totalidad que se debatirán el próximo miércoles en Pleno, los populares optarán por impugnar el articulado de arriba a abajo.
La condición para no hacerlo era que los socialistas se abrieran a una reunión en la que pactar medidas en educación, sanidad, empleo o política fiscal, pero ha habido nuevo portazo. La propia Susana Díaz aclaraba a primera hora de la mañana que la posición del PP-A, con sus idas y venidas, es “inconsistente”. Los populares lamentaron como réplica que se prefiera “la bronca” al pacto.
De la nada al todo en Educación
Sanidad y Educación son los dos grandes pilares de la Administración andaluza y, por ende, los que sufrieron más recortes durante la crisis. La dura tasa de reposición (sólo cubrir una de cada diez jubilaciones) adelgazó tanto las plantillas que la Junta ha tenido estos días que salir a buscar a la desesperada profesores en algunas especialidades. Ahora puede contratar más, pero las bolsas de interinos están vacías.
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