La Consejería de Fomento ha realizado desde el pasado año un total de 3.500 inspecciones en el sector del taxi y los VTC (alquiler de vehículos con conductor), a raíz de las cuales ha abierto 400 expedientes sancionadores contra el intrusismo, lo que supone el 1 por ciento del total de las acciones.
En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia del transporte en carretera, desde 2016 y hasta el primer semestre de este año se han realizado 3.500 inspecciones para velar por el cumplimiento de la normativa, según ha informado hoy la Junta en un comunicado.
En el ámbito de los VTC, las tareas de vigilancia tienen como objetivo asegurar que el servicio se realiza en las condiciones establecidas, de forma que no capten clientes sin un contrato firmado y que los conductores llevan a bordo el contrato de arrendamiento o la hoja de ruta debidamente cumplimentada.
Por su parte, en el sector del taxi, las inspecciones están encaminadas a perseguir la actividad de los taxis "piratas" que prestan servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización, así como velar por el cumplimiento del régimen tarifario o el inicio del servicio en el municipio de la licencia.
Estas operaciones de inspección pueden conllevar multas económicas si la apertura de expediente culmina en sanción.
Los importes económicos oscilan para ambas actividades del taxi y VTC entre los 100 euros, si las infracciones son leves; y los 4.001 euros, si son muy graves.
Además, pueden conllevar la inmovilización de los vehículos por parte de la Guardia Civil hasta el abono de la sanción o la prestación de la caución, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves.
En el caso de los taxis, las sanciones más frecuentes se imponen por no contar con la correspondiente licencia y el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros, si la irregularidad se produce en desplazamientos que se desarrollan íntegramente en Andalucía.
En el ámbito de las VTC, los motivos más frecuentes de las multas son no disponer de los contratos de arrendamiento con los clientes, llevarlo sin cumplimentar o indebidamente cumplimentado, no portar el título habilitante o la documentación que acredite la contratación legal del servicio, la carencia de hoja de ruta, llevar publicidad o la recogida de clientes que no hayan contratado el desplazamiento previamente.
Por esas irregularidades se imponen multas entre 201 y 801 euros, según detalla el comunicado, que aclara que Andalucía cuenta ya con una orden en vigor por la que se regula el uso de los distintivos obligatorios para los VTC autorizados en la comunidad, lo que permite identificar fácilmente este tipo de transporte.
La Consejería de Fomento y Vivienda asegura que va a reforzar la cooperación con los ayuntamientos para potenciar el control y la inspección del sector del transporte a través de la mejora de la formación de los policías locales y de la participación de los consistorios en los ingresos derivados de las sanciones impuestas, entre otras medidas.
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