Salvo sorpresa mayúscula el Parlamento andaluz dará luz verde este miércoles en su regreso a la actividad tras el parón veraniego a la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, un texto que el PSOE y la Junta alaban como “ejemplar” porque consideran que actualiza el anterior de 1999 y coloca a la comunidad autónoma en “vanguardia nacional” en cuanto a diagnósticos y prestaciones. El portavoz socialista en la Cámara, Mario Jiménez, defendió este martes que cuando la norma supere el último trámite se habrá dado un salto para que el enfoque de la atención, centrado ahora más en “el tratamiento médico”, pase a la vertiente “social”.
Esos buenos propósitos se han topado con el rechazo de numerosas asociaciones y colectivos que agrupan a buena parte de los los 720.000 andaluces que tienen reconocido algún grado de discapacidad en la región. El malestar ha llegado al extremo de que mientras se celebre el debate final y la votación del texto en el Hospital de las Cinco Llagas una manifestación en el exterior protestará contra el “olvido” en el que consideran que han caído sus pretensiones. Esos colectivos fueron llamados a consulta e invitados a realizar aportaciones en la fase de redacción, pero a su juicio poco de lo que colocaron sobre la mesa ha llegado a plasmarse en el papel.
Los primeros en levantar la voz han sido los integrantes de la asociación Cota Cero, que hacen sonar la alarma por la ausencia de dotación presupuestaria. Alertan de que la nueva norma que salga este miércoles de la Cámara lo hará sin el puntal de una memoria económica que blinde los servicios. “Esto es el presagio de otra Ley de Dependencia”, denuncian. La queja también apunta hacia la falta de “órganos de control y seguimiento” que garanticen el cumplimiento de la ley, pero también a cuestiones del día a día. En esa última parcela el texto definitivo flaquearía a su juicio porque no aborda con claridad cuestiones básicas para los discapacitados como reforzar aún más “el acceso al empleo o las prestaciones ortoprotésicas”.
Hay otro colectivo que agrupa a miles de familias en toda Andalucía y que por la experiencia acumulada también pone en cuarentena las bondades de la nueva normativa. Es la Plataforma de Atención Temprana que lidera Antonio Guerrero, en conflicto abierto contra el PSOE y Cs desde que en febrero de 2016 el grupo de Juan Marín negase su apoyo en el último minuto a la proposición de ley de Podemos para presentar un año después una iniciativa propia. Desde aquel día los lazos entre la Plataforma y el Ejecutivo socialista son nulos y en la Ley de Discapacidad no ha habido ni saludos. Guerrero tacha de “despropósito” el texto y coincide con Cota Cero en que “el proyecto de ley no viene acompañado de la preceptiva memoria económica”, dejando su concreción en manos del vaivén de la dotación presupuestaria.
Carencias
Pero hay más. La Plataforma conoce de primera mano las carencias porque vela por los derechos de los menores de 6 años afectados por un buen puñado de enfermedades que limitan su crecimiento, desde autismo y síndrome de Asperger hasta transtornos en el lenguaje y el desarrollo o enfermedades raras. Es, defiende Guerrero, “la primera puerta de entrada a la discapacidad y diversidad funcional”, de ahí que no entienda por qué no se atiende la mayoría de sus demandas. Entre las lagunas, denuncia que no se fomente la elección de centros escolares, que no haya mejoras en el empleo o que se “ignore a las familias” en sus reivindicaciones.
“¿Son derechos o son limosnas?”
La Plataforma de Atención Temprana considera “discriminatorio” que las ayudas a las que tiene derecho el colectivo de discapacitados adopten la fórmula de subvenciones en concurrencia competitiva. A su juicio “eso no es el reconocimiento de un derecho sino el poner frente a frente a unas familias con otras, viendo cuál tiene más problemas o desgracias”. De ahí que se pregunte sin son “derechos o limosnas”.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
