Susana Díaz decidió el pasado 8 de junio remover los peones de su Gobierno para intentar afrontar con nuevos bríos el decisivo segundo tramo de la legislatura. Fue un jueves rozando las once de la noche y los cambios se notificaron vía Twitter. De su Gabinete salieron cinco consejeros y una sexta, Rosa Aguilar, estrenó la que ya es su tercera cartera distinta en la Junta. Hasta ahí el coste político de la durante semanas anunciada remodelación del Ejecutivo autonómico. De lo que no hay constancia aún es del otro coste, el económico, porque cuando hay cambio de cromos en los pasillos de San Telmo las arcas públicas también se resienten.
Desde 2005 todo alto cargo de la Junta de Andalucía que abandona su sillón tiene derecho a percibir una cantidad fija mensual que oscila entre los tres y los 12 meses, en función de la antigüedad. El sueldo también varía según la retribución que percibía antes de abandonar el barco. Es lo que en terminología administrativa se conoce como cesantías y en lenguaje político, mucho más perverso, vacaciones pagadas. Se crearon con la supuesta buena fe de favorecer la reentrada en el sector privado de los cesados a voluntad propia o destituidos, pero en la práctica las suelen agotar incluso funcionarios que no tienen problema alguno en recuperar su plaza. De ahí la ironía.
Cuarenta y cinco días después del debut del nuevo Gobierno nada se sabe de ellas. El Portal de la Transparencia de la Junta, obligado a informar puntualmente sobre cualquier gasto que afecte a los altos cargos, no actualiza sus datos desde principios de abril. Es un misterio, por tanto, cuántos meses de sueldo se ha reconocido a los exconsejeros de Salud y de Agricultura, Aquilino Alonso y Carmen Ortiz, dos de los sacrificados en la remodelación del Gobierno. Los otres tres caídos encontraron rápida ubicación (Emilio de Llera regresó a la Fiscalía, José Sánchez Maldonado es nuevo rector de la UNIA, y Adelaida de la Calle dirige ya la Corporación Tecnológica de Andalucía), por lo que el impacto en las cuentas públicas ha sido supuestamente mínimo.
Las dudas afectan también al resto de escalafones. Las cesantías son un jugoso derecho que también puede paladear el resto de altos cargos, desde viceconsejeros a directores generales, secretarios técnicos, delegados provinciales y una larga lista de máximos responsables de empresas y entes públicos. Cada martes el Consejo de Gobierno aprueba un goteo de nombramientos en esos escalones administrativos que no son más que prolongaciones de los nuevos inquilinos que pueblan las consejerías. De las cesantías de sus antecesores, misterio.
Un ejemplo: la nueva titular de Salud, Marina Álvarez, nombró a Francisca Antón Molina directora gerente del SAS a las dos semanas de debutar en el cargo, el 21 de junio. Un mes después en el Portal de la Transparencia no aparece nada sobre Mariano Marín, su antecesor, pero sí información desfasada de José Manuel Aranda, al que se le reconocieron tres meses de sueldo a razón de 5.440 euros cada uno tras presentar su dimisión durante la crisis sanitaria al frente del SAS en tiempos aún de Aquilino Alonso. Al viceconsejero Martín Blanco le reconocieron cinco meses a 5.013 euros.
Datos anticuados
Los datos del Portal están tan anticuados que en las retribuciones de altos cargos continúan apareciendo los sueldos de los cinco consejeros que desde hace 45 días ya no pisan San Telmo. Otra duda por resolver es si los recién llegados perciben las polémicas indemnizaciones por vivienda, 1.357 euros mensuales, que percibían por ejemplo Adelaida de la Calle o Aquilino Alonso. Javier Carnero (Empleo) con residencia en Málaga o Marina Álvarez (Salud), hasta ahora gerente del Reina Sofía de Córdoba, tendrían derecho a ellas. Hoy por hoy es una incógnita.
Los 101.000 euros que agotó Valderas
Antonio Maíllo (líder de IU y exdirector general de Administración Local en el Gobierno de coalición con el PSOE) y Carmen Martínez Aguayo (exconsejera de Hacienda) son dos de las pocas excepciones de altos cargos que renunciaron a cobrar cesantías. En el otro plato de la balanza destacan casos como el de Diego Valderas, exvicepresidente de la Junta que apuró los 24 meses a los que en su caso tenía derecho. En total, 101.000 euros. Tanto él como el exconsejero de Turismo Rafael Rodríguez agotaron hasta el último mes.
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