La Policía Nacional ha detenido a 104 personas en Málaga como supuestas responsables de los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la hacienda pública y falsedad documental.
En algunos casos los contratos eran utilizados para regularizar a extranjeros que se encontraban en situación irregular en EspañaLa operación policial, denominada "Conan", contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, ha permitido desmantelar un entramado societario formado por cuatro empresas ficticias, ha informado hoy la Policía.
A través de dichas empresas ficticias se hacían contratos fraudulentos a trabajadores para el cobro de subvenciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y otras ayudas; en otros casos, los contratos eran utilizados para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España.
Hasta el momento han aflorado 10.435 días de cotización irreales a la Tesorería de la Seguridad Social y un desfalco causado a la Administración Pública de 474.003,17 euros, 202.704,15 a la Seguridad Social y 271.299,02 euros por el importe cobrado fraudulentamente en subvenciones y prestaciones.
Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de un entramado de empresas ficticias -con una mínima actividad real-, dedicadas principalmente al sector servicios -construcciones, pintura, mantenimiento- y con sede social en la capital malagueña.
En dichas empresas se procuraban contratos fraudulentos a trabajadores para que éstos pudieran acumular los días suficientes de cotización para poder cobrar prestaciones por desempleo, para cotizaciones para la jubilación o bien para ayudas de todo tipo.
En otras ocasiones los contratos eran utilizados para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España.
Al frente de la trama estaba un hombre de nacionalidad española -aún no detenido- que, aunque no figuraba como administrador de ninguna de las empresas ficticias, ejercía labores de administración en todas ellas.
El empresario, que estaba dado de alta en una de las sociedades como trabajador, había puesto al frente de las empresas a personas insolventes que manejaba como "hombres de paja".
Los investigadores constataron que los supuestos trabajadores desembolsaban entre 250 y 500 euros a los administradores de las empresas fraudulentas para la obtención de un contrato ilegal de trabajo.
Los pagos se hacían bien en metálico o, en otros casos, se les descontaba de la nómina si desempeñaban alguna actividad laboral o mediante la realización de distintos trabajos a los declarados por los que el trabajador no llegaba a percibir ninguna remuneración.
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