Susana Díaz clama desde hace años contra el sistema de financiación autonómica, un mecanismo ya caducado que el Gobierno central no parece tener prisas en reformar y que como no se cansa de recordar la Junta hace perder a las arcas andaluzas una media de mil millones anuales. La queja es un clásico en boca de la presidenta. El resorte se acciona de forma autonómica cuando el PP le reprocha falta de inversiones, que descuide servicios básicos o lentitud en la ejecución de algún proyecto. La respuesta es casi automática: si el primer partido de la oposición convenciese a Mariano Rajoy de que mejorase el mecanismo del que dependen buena parte de los ingresos que recibe la comunidad sería todo más sencillo. Es el juego de la réplica y la contrarréplica, tan habitual en política.
Díaz dio hace semanas un paso hacia adelante para oficializar su queja. Aprovechó el debate sobre política general que acogió el Parlamento andaluz a comienzos de mes y coló entre su paquete de 31 medidas para lo que queda de legislatura la creación de un grupo de trabajo que debata precisamente sobre cómo mejorar el sistema de financiación y, por encima de todo, que sume fuerzas para protestar con una única voz ante Madrid. El primer trámite se cumplió este lunes cuando el PSOE registró en la Cámara la solicitud de alumbramiento de ese nuevo órgano para insertarlo en la Comisión de Hacienda. Liberado ya de sus obligaciones en la gestora de Ferraz, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, abogó por aunar esfuerzos porque Andalucía “se está jugando mucho”.
El objetivo final es ése, el de elevar al máximo el listón cuando el Ejecutivo central se avenga a cambiar las reglas de un sistema de financiación que caducó hace más de dos años, pero el trasfondo político es otro. Con la creación del grupo de trabajo el PSOE está forzando al Partido Popular de Andalucía a posicionarse claramente de un lado o de otro. A retratarse, en términos parlamentarios. Los socialistas elevarán la voz y acusarán a Mariano Rajoy de seguir alimentando un sistema que por ejemplo desdeña el peso de la población andaluza en el conjunto nacional o que limita los recursos que recibe una de las comunidades autónomas que mejor cumple los estrictos criterios de déficit que se le imponen.
A los populares les pueden colocar en la complicada tesitura de sacar los pies del tiesto cuestionando al Gobierno central, nada probable, o desmarcarse de la voz común, lo que seguro les granjeará la contundente acusación de ser cómplices del castigo a Andalucía. En el regate a ese doble precipicio se puede ver envuelto el partido que capitanea Moreno Bonilla. De los nuevos tiempos que corran en el Congreso tras la victoria de Pedro Sánchez y de la relación PP-PSOE a nivel nacional también dependerá esa relación de fuerzas.
Voto inminente
La primera prueba de fuego será en breve. El Pleno del Parlamento de la próxima semana votará ya la creación del grupo de trabajo. Podemos ha deslizado que aplaude su creación, anticipando el voto positivo. Jiménez avanzó que la idea es que funcione durante el mes de julio escuchando a expertos en materia de financiación y que sirva para canalizar “una única voz” de Andalucía en la futura negociación, “más allá de partidos políticos”.
Los trabajos deberán estar acabados antes de que venza 2017, pero no se descarta prorrogarlos para que coincidan con la negociación futura con Madrid. Lo que salga de ese grupo de estudio lo defenderá la Junta “con uñas y dientes”, de ahí que el PSOE, mirando hacia el PP, reclame “altura de miras”.
Un punto y final a las “subastas”
El PSOE ha tomado buena nota de la victoria que se apuntaron hace semanas los nacionalistas vascos y canarios apoyando los Presupuestos del Estado. A cambio de sus votos, inversiones cuantiosas. Justo lo contrario de lo que le ha ocurrido a Andalucía, que ha visto cómo esa partida se desploma un 36%. Desde el socialismo se clama por acabar con esas “subastas” tratando a todas las comunidades en igualdad.
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