Recién aterrizada de nuevo en Andalucía tras el duro traspiés de Ferraz, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, libró el pasado jueves en el Parlamento uno de los ya clásicos cuerpo a cuerpo con el líder de la oposición, Juanma Moreno, esta vez sobre los niveles de convergencia de Andalucía con el resto de España desde que gobierna. La jefa del Ejecutivo regional tiró de un argumento que le permitió navegar entre dos aguas: no hemos alcanzado el pelotón de cabeza de las mejores comunidades pero es falso que nos adelanten las que vienen por detrás. Estamos, en definitiva, más o menos en el mismo escalón que cuando estalló la crisis.
Más o menos por aquella época, en marzo de 2010, la UE le veía ya las orejas al lobo de la recesión, y eso que aún no había asomado lo peor. El aún presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, presentaba en sociedad un proyecto con el que, según su más optimista vaticinio, todos los países que integraban el selecto club de los 27 (aún quedaba por sumarse Croacia) lograrían “crear más empleo y lograr una vida mejor”. El horizonte para conseguirlo era 2020. Se han consumido ya casi tres cuartos de ese arco temporal y Andalucía, salvo milagro en forma de arreón final en menos de tres años, suspenderá casi todos los exámenes parciales.
La Andalucía en la que Susana Díaz se quiere ahora centrar está por debajo de las medias en la Agenda 2020, en la española y mucho más en la de los 28. En los últimos años ha impulsado decenas de planes que en su bautismo legislativo incluyen precisamente esa fecha, pero los resultados son cuestionables. Sea por el azote de la crisis o por la posición de desventaja en la que partió en la Transición, a la Junta se le siguen atragantando 35 años después buena parte de los indicadores que Bruselas consideró estratégicos allá por 2010.
De los cinco grandes objetivos de la Agenda 2020, el primero es una pesadilla. El documento establece como marca prioritaria que el 75% de la población de entre 20 y 64 años disfrute de un empleo estable. Los propios datos de la Junta relegaban esa aspiración al 54% al cierre de 2016, más de 20 puntos por debajo del listón recomendado y diez puntos menos que la media española. Y de ese total habría que desglosar aún qué se entiende en Andalucía por “trabajo estable”.
Ni I+D ni educación
Suspenso también en el segundo pilar del plan, destinar en 2020 a Investigación y Desarrollo al menos el 3% del PIB. A finales de 2014, el último dato facilitado por la Junta, se invertía un pírrico 1,02%, un tercio de lo exigible, y también menos que el conjunto del país (1,24%). Tercer objetivo y otro incumplimiento: el horizonte de la UE exige que el fracaso escolar no supere el 10% dentro de tres años, pero Andalucía desbordó esa estadística a finales de 2o16 con un tremendo 23,1%. Ha mejorado en los dos últimos años, pero ese dato triplica por ejemplo el de Francia y cuadruplica el de Grecia. La media nacional es también menor, del 19%.
Del tercer pilar mejor ni hablar. Los bienintencionados augurios de Durao Barroso en 2010 confiaban en poder reducir diez años después hasta en un 25% el número de hogares y ciudadanos obligados a sobrevivir por debajo de los umbrales de pobreza. No sólo no se ha conseguido sino que la brecha se han ensanchado con la crisis. Según el INE, el riesgo de pobreza severa y de exclusión social escaló en 2016 en Andalucía hasta el 35% de la población, diez puntos más que en 2006. El promedio nacional es del 22%, aún sin sentir el efecto de la mejora económica.
Las renovables, único aprobado
Entre tanto cataclismo, una buena noticia. De los indicadores fijados en la Agenda 2020, Andalucía se aproxima al relativo a conseguir que al menos el 20% de sus fuentes de energía sean de origen renovable. El listón estaba a finales de 2015 (último dato facilitado por la Junta) aún en el 16,5%, en niveles similares a las medias española y europea. Eso sí, un año antes era mucho más alto y rondaba ya el 19%.
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