La plataforma ciudadana que desde hace meses exige la desaparición o la bonificación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía quiere tomar el relevo de las masivas protestas ciudadanas que obligaron al Ejecutivo de Susana Díaz a ceder y derogar las fusiones sanitarias. El colectivo ha elegido el mismo escenario de aquellas sonoras movilizaciones ciudadanas, Granada, para alzar de nuevo la voz. Será el próximo 14 de mayo, apenas una semana antes de que la presidenta de la Junta pase el decisivo trámite de las primarias con las que pretende hacerse con el control de la Secretaría General del PSOE.
La asociación pretende congregar a miles de afectados de toda la comunidad para, a partir de ahí, proseguir la protesta en su periplo por todas las instituciones. Tras entregar firmas al Defensor del Pueblo Andaluz y en el Parlamento autonómico, su próxima estación será la Defensora nacional, Soledad Becerril. Ante ella volverán a protestar por la “injusticia” que creen que oculta la normativa andaluza que penaliza las herencias con un gravamen que está “a años luz” del que se abona en comunidades como Madrid o incluso en otras gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, que ya han optado por elevar el listón de las bonificaciones. La organización confía en haber reunido más de 100.000 firmas en contra del impuesto a mediados del próximo mes.
Los últimos movimientos en uno y otro sentido no han convencido a la plataforma ciudadana. Ni siquiera la reciente noticia que apunta que el Partido Popular estaría impulsando a nivel nacional una comisión encargada de estudiar cómo suprimirlo. Esa vía, que no garantiza nada de momento, cuadraría con la exigencia de la Junta de Andalucía de que sea el Gobierno central quien elimine el gravamen al ser un impuesto de titularidad nacional cuya gestión cede el Estado a las comunidades como una de sus fuentes de ingresos.
En esa batalla política de calado librada en los últimos meses, tanto PSOE como PP se han tirado los trastos a la cabeza. Se han acusado de utilizar argumentarios falsos o manipulados. El PP recuerda que es la Junta quien puede aprobar cuando le plazca una bonificación y los socialistas repelen la sugerencia lanzando el balón hacia Moncloa. El colectivo, que reclama que Andalucía deje de ser la comunidad en la que más impuestos se pagan por heredar de toda España, se limita a exigir “que la Administración no se quede” con el dinero ahorrado por sus parientes.
Órdago sin respuesta
Sin acercamiento posible entre posiciones antagónicas, el Gobierno central ha hecho oído sordos a la propuesta que le lanzó la Junta de que rescatase la gestión del Impuesto de Sucesiones. “Es suyo, que se lo queden”, llegó a clamar Susana Díaz después de que su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, lo reclamase oficialmente por carta a Cristóbal Montoro. El ministro guarda silencio y no tiene intención alguna de contestar. A la plataforma le ha soliviantado también en las últimas semanas el argumento al que más veces ha recurrido la Administración autonómica para negarse a retocar el impuesto: “Sólo lo pagan 5.000 ricos”. Esa tesis no ha hecho más que despertar críticas, como tampoco logró espantarlas el simulador que puso en marcha la Consejería para intentar demostrar que sólo un 3% de quien hereda acaba pasando por caja.
En la crítica política coinciden PP y Cs. Los segundos han logrado arrancar avances a la Junta, como la elevación del máximo exento, pero advierten de que la próxima negociación buscará la supresión total.
Foro de debate para despejar dudas
La Confederación de Empresarios de Sevilla organiza este miércoles un foro de debate en el Club Antares que tratará de despejar dudas y arrojar luz sobre los efectos reales del Impuesto de Sucesiones. Participarán en distintas ponencias Tomás Rico, del bufete Sanguino Asociados; José Ignacio de Rioja, notario de Sevilla; Ignacio Martínez, del despacho de abogados MAIO-Martínez Escribano, y Joaquín Cuesta, de Cuatrecasas
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