La Junta de Andalucía subirá un peldaño más en su objetivo de intentar frenar, en la medida de sus posibilidades, el drama social de perder una vivienda por no poder hacer frente a los recibos de la hipoteca. Ya fue pionera en la pasada legislatura cuando de la mano de IU el PSOE moldeó una ley que colocó tan alto el listón que le autorizaba incluso expropiar pisos a la banca justo antes de que dejara en la calle a sus inquilinos. La norma fue recurrida por el Gobierno de Rajoy, recién llegado al poder, y tumbada luego parcialmente por el Tribunal Constitucional. Ahora no se va tan lejos, pero se incide en extender al máximo el paraguas de la protección.
Lo que hizo este martes el Consejo de Gobierno fue dar luz verde al proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas, lo que en la práctica permitirá a la Administración autonómica ejercer un derecho prioritario de compra sobre aquellas propiedades de uso residencial cuyos propietarios no puedan responder a los pagos. La Junta las adquirirá y quien hasta entonces fuera su dueño continuará viviendo en su interior a cambio del abono de un alquiler social que no tendrá fecha de vencimiento y que, además, le dejará la puerta abierta a poder recuperar la propiedad si sus condiciones económicas mejoran. El texto tendrá que atravesar ahora el trámite parlamentario, donde al Gobierno de Susana Díaz le tocará intentar convencer al resto de partidos de sus bondades.
La novedad principal es que el tanteo y retracto se amplía a las viviendas libres, que podrán acogerse al nuevo sistema siempre que sus condiciones (desde metros cuadrados hasta ubicación) sean equiparables a las de las protegidas. El otro gran condicionante es que, efectivamente, se compruebe que los titulares se encuentran en situación económica precaria y que se encuadran en colectivos “de especial protección”.
El consejero de Fomento, Felipe López, calcula que la Junta podría hacerse hasta 2020 con unas 200 viviendas. El texto debería estar debatido en el Parlamento andaluz y aprobado antes de que acabe el año, y de ello da fe que incluso en los Presupuestos de este ejercicio se hayan reservado 4 millones de euros para afrontar las primeras operaciones.
La Junta podrá comprar las viviendas para luego arrendarlas en dos casos: cuando el propietario haya optado por la entrega del inmueble mediante la dación en pago o cuando el desahucio esté ya en su recta final porque exista una resolución judicial que implique ejecución hipotecaria. En el primero la Administración podrá ejercer el tanteo y retracto (igualar el precio y quedarse la vivienda), mientras que en el segundo sólo se podrá recurrir al retracto, similar al anterior pero aguardando al final del proceso una vez se haya comunicado ya el desalojo, resuelta la subasta judicial y aprobada la adjudicación a un tercero.
Precios y garantías
¿A qué precios adquiere las viviendas la Junta? En el caso de la dación en pago equivaldrá al crédito que al propietario le quedaba por abonar, mientras que si hay ejecución hipotecaria dependerá de la cantidad fijada como valor de transmisión por el juzgado. Al margen de eso y vistos los precedentes, en lo que sí se ha esmerado el Gobierno de Susana Díaz es en que nadie le vuelva a lanzar por tierra uno de sus proyectos estrella. Para evitar más recursos, López subrayó que su departamento ha redactado la norma con el asesoramiento del propio Consejo General del Poder Judicial. La norma está, según el consejero, “suficientemente blindada para que no se recurra y se ha elaborado de forma participativa”.
IU: se cede ante la banca
En Izquierda Unida no olvidan que fueron ellos quienes forzaron al PSOE a redactar una ley mucho más ambiciosa que la actual. La diputada Inmaculada Nieto lamentó este martes que se haya bajado el listón y que la Junta “se ponga del lado de la banca y deje solas a las personas”. Su pesimista augurio es que las entidades financieras “no van a aceptar mediaciones, alquileres sociales o cesiones” de viviendas ante los impagos.
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