La bandera republicana izada por el Ayuntamiento de Cádiz en un mástil junto a Puerta de Tierra con motivo de unas jornadas sobre memoria histórica fue cortada en la tarde ayer jueves, y el consistorio gaditano ya ha anunciado que la repondrá este viernes.
Así lo ha expuesto a EFE el concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, quien ha destacado que el consistorio gaditano va a investigar lo sucedido y, si ha sido un acto vandálico, tomará las medidas legales oportunas.
El Ayuntamiento de Cádiz ha recalcado que va reponer la bandera republicana en la mañana de este viernes "porque es símbolo de reconocimiento, reparación y cierre de heridas, una cuestión que en los últimos 20 años la derecha de esta ciudad intentó que no se hiciera y es una cuestión fundamental", según ha afirmado Vila.
El consistorio gaditano izó esta bandera republicana el pasado martes en un lugar declarado de memoria histórica y con motivo de unas jornadas sobre memoria histórica. La intención municipal es que ondee hasta el 21 de abril.
No obstante, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz un recurso para impugnar el izado y la permanencia de esta bandera de la II República española por no considerarlo ajustado a Derecho.
El recurso pide como medida cautelar la suspensión de dicho acto "por concurrir circunstancias de especial urgencia, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
El documento presentado en el juzgado alega que se vulnera el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las administraciones públicas consagrado en el artículo 103 de la Constitución Española y en el artículo 6.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril.
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz considera que la colocación de una bandera republicana por parte del Ayuntamiento "contraviene el principio de neutralidad y objetividad que debe regir las actividades de las administraciones públicas".
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