La duplicidad de costes es la razón por la que Endesa, que posee el 33% de Eléctrica de Cádiz, votó en contra del bono social pero lo consideran “un referente” en el que se debe “inspirar” el bono estatal que se desarrollará en pocos meses y proponen que Eléctrica de Cádiz participe activamente en su reglamentación, que la compañía se convierta en comercializadora de referencia para poder ofrecerlo e incluso está dispuesta a aportar fondos a una fundación para completar la cuantía destinada a este bono social energético.
“Nos gusta el bono social pero, en conciencia, no podíamos pagar el doble y no obtener los beneficios del bono estatal”, explica Francisco Arteaga, director general de Endesa para Andalucía y Extremadura, dejando claro que aprobar el bono social gaditano, con unos fondos estimados en 530.000, no evitaría que Eléctrica de Cádiz, con la nueva regulación, tuviera que aportar otros 600.000 euros con el bono estatal, lo que elevaría el coste hasta 1,13 millones de euros.
Según Arteaga, su propuesta es “optimizar el bono estatal”, “influir” para que éste esté inspirado en el bono gaditano “cuya cobertura es muy acertada, focalizada en quien de verdad debe ser el destinatario” y que Eléctrica de Cádiz sea comercializadora de referencia para poder ofertar el bono. Y añade: “estamos dispuestos a analizar la aportación de más fondos a la fundación (de Eléctrica de Cádiz)”, para esta acción social.
Arteaga insiste en que son “muy sensibles” con este tema y que “ni debemos, ni queremos, ni podemos posicionarnos” en esta polémica, pero tienen claro que los intereses “no están enfrentados sino alineados” y que es el Ayuntamiento y los gaditanos los que se benefician al ser menor el coste.
Aunque las cifras finales dependerán del número de clientes, las administraciones siempre deberán aportar el 50 por ciento y frente a la duplicidad de 1,13 millones de ambos bonos, con el estatal el coste sí sería algo superior a los 530.000 euros estimados del gaditano pero con una cobertura mayor, contando además con la posible aportación a través de la fundación de Eléctrica de Cádiz. Además, por las características socioeconómicas de Cádiz, Endesa estima que “incluso puede recibir más de lo que aporta”.
Arteaga también entiende la premura que se pueda tener dada la posibilidad de que los trámites para desarrollar el reglamento del bono social puedan tardar entre tres y cuatro meses, motivo por el que proponen que Eléctrica de Cádiz y el Ayuntamiento firmen, como Endesa ya tiene con la Diputación gaditana o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, un acuerdo que garantiza que no habrá cortes de suministro para aquellos que estén en situación de extrema vulnerabilidad e identificadas como tal por los servicios sociales.
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