Año y medio salpicando el escenario político, 66 comparecencias, cientos de dardos envenenados entre partidos, sonoras broncas por la falta de documentación o los supuestos obstáculos deslizados desde la cúspide de la Junta para enfangar, un enredo judicial en paralelo y todo ello... para (casi) nada. El Parlamento de Andalucía arrojó este miércoles en la práctica a la papelera el trabajo acumulado desde septiembre de 2015, cuando la propia Cámara impulsó una comisión de investigación que depurase responsabilidades políticas en torno a las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de las ayudas públicas que financiaron los cursos de formación para el empleo entre 2002 y 2011, cuando se publicó la última convocatoria.
La comisión echó a andar entonces y alcanzó su tramo más suculento a partir de marzo de 2016, cuando tocó escuchar los testimonios de los comparecientes, entre ellos los de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el de la presidenta Susana Díaz, que echó el telón en mayo. Miles de folios después, los cinco partidos políticos que se sientan en el Parlamento han sido incapaces de consensuar las conclusiones plasmadas en su dictamen final o al menos las trascendentales, las que trataban de dilucidar a quién achacar la culpa de un supuesto fraude que en sus primeras estimaciones llegó a calcularse en 3.000 millones de euros. El documento elaborado por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), queda en papel mojado porque lo único que salió adelante este miércoles fue su versión más descafeinada y secundaria, la que plantea meras recomendaciones y tirones de orejas a la Administración pero sin señalar culpables con nombres y apellidos.
Los peores augurios se cumplieron porque era imposible pactar un dictamen que contentase a todos. Unos se iban a oponer porque no se señalaba a Susana Díaz y otros porque no querían ver acusados ni siquiera a Chaves y Griñán. Y así fue, aunque con sorpresas de última hora. La votación se troceó para decidir por separado entre los puntos que afectaban a las responsabilidades y el resto. El primer bloque tan sólo fue apoyado por Cs, el partido de Julio Díaz y el que impulsó la creación de la comisión en 2015, y el PP. Los populares han insistido durante meses en elevar el listón hasta llegar a la presidenta, pero se conformaban al final con salpicar al menos a sus predecesores, a quienes el dictamen consideró los máximos responsables de los errores cometidos por haber nombrado y supervisado a la cúpula de Empleo y a todos los subordinados que gestionaron las ayudas.
Votación confusa
La fuerza de esos dos grupos no fue suficiente porque Podemos alegó que no quería “participar en una farsa” y acabó por no pulsar ningún botón. No es que se abstuvieran sus diputados, es que ni siquiera votaron. El otro momento confuso llegó de la bancada de IU, que tampoco se decantó. La diputada Elena Cortés pidió repetir la votación alegando que no estaba claro el desglose de puntos, pero el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, le negó esa posibilidad, al igual que a la nueva diputada no adscrita, Carmen Prieto. El PSOE, por lógica, votó en contra.
En la segunda votación, la del resto de puntos, sí hubo mayoría PSOE-Cs. PP e IU votaron en contra y Podemos repitió estrategia negándose a participar. Con esa parte avalada por la Cámara ni se debatieron los votos particulares.
La comisión de los cursos baja pues el telón con un dictamen tan mutilado e inconsistente que morirá en el olvido junto a la de los ERE.
Bronca eterna en la despedida
El broche final a una historia de año y medio de batallas. En la defensa de las posiciones, antes de la votación, ya quedó claro que nadie tendería puentes. Y tras el confuso y sorprendente resultado, más bronca. Cs clamó contra Podemos e IU por “exculpar a Chaves y Griñán” negándose a votar, mientras éstos y el PP cargaron contra el grupo de Marín por no elevar el listón en su día hasta Susana Díaz.
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