El Gobierno español ha garantizado que “entre sus prioridades” de cara al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea destaca “la defensa de los intereses de los ciudadanos y empresas españolas que operan en Gibraltar, con el objetivo de evitar que puedan verse perjudicados por este proceso”.
En una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado socialista por Cádiz en el Congreso de los Diputados Salvador de la Encina, el Ejecutivo durante el proceso que comienza el próximo 29 de marzo “se abre un periodo de negociaciones de dos años, durante los que España dirigirá sus esfuerzos a la obtención de condiciones favorables para nuestros trabajadores, tanto en materia de libre circulación, como de conservación de sus derechos de seguridad social adquiridos o en curso de adquisición, mediante las negociaciones oportunas con la otra parte y siempre dentro del marco que al respecto pueda establecerse de común acuerdo con el resto de nuestros socios comunitarios”.
En cualquier caso, matizan que “las posibles consecuencias” del brexit en la comarca y en los trabajadores “dependerán de los términos en los que Reino Unido abandone la UE”.
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