El grupo parlamentario de Podemos Andalucía defenderá este jueves en el Parlamento andaluz una proposición no de ley por la que pide que la Junta adopte una serie de medidas encaminadas a proteger a las personas consumidoras en materia de cláusulas suelo ante "las estafas masivas y abusos bancarios".
En virtud de la iniciativa, recogida por Europa Press, Podemos reclama que el Ejecutivo andaluz publique vía web la información pública del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) sobre aquellas sentencias que, siendo firmes y públicas, han declarado la nulidad de las diferentes cláusulas suelo existentes en los distintos tipos de contratos redactados por las entidades bancarias.
Esta medida persigue que dichos textos sean "comprensibles y accesibles", de esta forma que el consumidor "podrá buscar la declaración de nulidad con respecto a una entidad concreta, así como comparar el texto que obra en su escritura y el recogido en la resolución judicial, con el fin de saber con más certeza si su cláusula ya ha sido juzgada".
De la misma manera, también quiere Podemos que el Gobierno andaluz publique información relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado, especialmente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjcte) de 26 de enero de 2017, que ha establecido que estas cláusulas pueden dar lugar a la nulidad incluso de procedimientos de ejecución ya efectuados.
Asimismo, reclama hacer un llamamiento público a los abogados de Andalucía para que colaboren con la Administración autonómica facilitando información relevante en estas materias, así como decretar la situación de emergencia jurídica debido a la necesidad y escasez de recursos públicos en este ámbito, "destinando diez millones de euros al pago de los servicios del turno de oficio especial bancario".
ATENCIÓN A LOS DESAHUCIADOS
Si la iniciativa sale adelante, la Junta deberá contactar con las personas que han sido desahuciadas e informarles de todos los recursos y herramientas jurídicas que están a su disposición, con especial referencia al turno de oficio especial bancario, "con el fin de hacer valer sus derechos, de forma que se recuperen cantidades indebidamente abonadas, entre otras actuaciones, y para que, en los casos más extremos, se pueda incluso plantear la nulidad del desahucio".
Y de la misma manera, deberá aumentar los recursos destinados al Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda y a la especialidad de defensa del consumidor hipotecario de Consumo Responde.
PETICIONES AL GOBIERNO CENTRAL
De otro lado, la proposición no de ley recoge una serie de peticiones para que la Junta inste al Gobierno central al desarrollo urgente de un procedimiento monitorio del consumidor, de manera que este pueda demandar al banco judicialmente con la facilidad de dicho procedimiento. "La entidad bancaria podrá pagar en 20 días, podrá oponerse mediante razones fundadas a la demanda o verá embargados sus depósitos en el Banco de España", propone Podemos.
Además, reclama que el Ejecutivo central, mediante Real Decreto-Ley, derogue la norma que establece el privilegio de excluir a los bancos del sistema de costas procesales que afecta a todos los justiciables, "restaurando la igualdad de todos ante la ley", así como que establezca un régimen excepcional para las deudas procesales de las entidades financieras que, habiendo sido demandadas judicialmente en un proceso monitorio por el consumidor, demoren los pagos debidos más de 20 días.
Por último, Podemos defiende que el Gobierno central debe establecer un régimen sancionador que sea aplicable a las entidades bancarias en aquellos supuestos en los que incumplan las exigencias de la normativa aplicable a la protección de consumidores en cláusulas suelo y en otras materias relacionadas.
"DEBEMOS DEFENDER A LOS ANDALUCES"
Y es que, como defiende la formación morada, con la aprobación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, "se ha confirmado el temor de una gran parte de la población española" pues el Gobierno de la Nación "se ha puesto de parte de la minoría privilegiada conformada por las entidades bancarias y ha dejado en segundo plano los derechos e intereses de la ciudadanía".
"Debemos defender los derechos de los andaluces", sostiene Podemos que cree que, además, "debemos atender también a la débil posición de los gobiernos en esta materia, que se asimilan a los consumidores a la hora de enfrentarse a los bancos, causantes de numerosos daños a la ciudadanía".
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