El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha elevado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las "expresiones insultantes" vertidas contra la Policía Nacional en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número dos de Cádiz absolviendo a los dos acusados por lo ocurrido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz (UCA) en enero de 2012, cuando la Policía desalojó a miembros del grupo 'Valcárcel Recuperado' por una protesta durante una conferencia del juez Fernando Grande-Marlaska.
En un comunicado, el SUP ha manifestado que "no le sorprenden sentencias absolutorias como esta, en las que zarandear o agredir a un policía queda impune", pero entiende que en el caso de Cádiz "se ha ido más allá, menospreciando la actividad policial con términos utilizados en sentido ofensivo".
Así, ha apuntado que en la sentencia se aprecia el uso de expresiones "sorprendentes y desafortunadas", como la que indica en los fundamentos de derecho que la actuación de la Policía en este caso "parece evocar o rememorar etapas predemocráticas, felizmente superadas".
Al respecto, el SUP ha comentado que, "afortunadamente tenemos en España una Policía democrática, con funcionarios que ni habían nacido en esa etapa a la que se hace alusión y que, por supuesto, no tienen ni que evocar ni rememorar".
También se habla en la sentencia de "desplegar una innecesaria y desproporcionada reacción policial frente a una presunta amenaza no probada y a una alteración grave del orden, que estimo en parte provocada por la propia presencia y actuación de la Policía". En este caso, el SUP ha señalado que no entiende "la relación que se establece entre la presencia policial y las alteraciones del orden".
Asimismo, se califica de "desproporcionado operativo policial pese a que no existiera en ningún momento una autorización o petición expresa por parte de la organización de la conferencia o de la Universidad". Al respecto, el SUP ha apuntado que "ni que decir tiene que todos los dispositivos son planificados por responsables policiales, con información adecuada y acordes a la legislación vigente".
A juicio del SUP, "la sentencia continúa en términos similares con opiniones personales, empleando expresiones que, más allá de enjuiciar los hechos, resultan inapropiadas para calificar actuaciones policiales ajustadas a derecho; y encuadradas dentro de un proceso judicial acusatorio contra dos detenidos por resistencia, y no contra los agentes de la Policía, que figuran como testigos y perjudicados, vertiendo graves acusaciones sobre la labor policial sin posibilidad alguna de defensa", ha sentenciado.
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