La alcaldesa, Patricia Cavada, el primer teniente de Alcaldía, Francisco Romero, y el director facultativo de la obra, Francisco Márquez, han comparecido este martes en rueda de prensa para dar cuenta de los pormenores de la obra de rehabilitación del edificio consistorial, tras la reunión de la comisión de seguimiento de la que forman parte ambos responsables municipales y la delegada del área de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, así como técnicos municipales y responsables de la empresa Vías y Construcciones que ejecuta la obra.
Durante los trabajos de demolición del edificio han ido surgiendo “imprevistos normales en una obra de tal envergadura como ésta”, máxime cuando el proyecto definitivo de rehabilitación data del año 2010. Así, durante estos meses, en las reuniones periódicas que se han venido celebrando se iba analizando si la solución constructiva que se planteaba originariamente en el proyecto “seguía siendo igual de eficiente para garantizar el fin que se persigue con la ejecución de la obra”, lo que ha llevado finalmente a tres propuestas de modificaciones de contrato que ofrecen soluciones distintas a las inicialmente previstas.
Según ha precisado la regidora isleña, dos de ellas se desarrollarán “a coste cero para el Ayuntamiento” -principalmente tratan la consolidación de las bóvedas del edificio-, mientras que la tercera propuesta de modificación del proyecto de ejecución de la obra “va a suponer un incremento del coste inicial en 500.000 euros, en torno al 6,33 por ciento”. Al hilo, cabe recordar que la obra se adjudicó por un importe de 7,9 millones de euros, lo que suponía una bajada de casi el 40% del precio inicial de licitación, fijado en 13,2 millones de euros. O sea, que hay margen para posteriores modificados.
“Son modificaciones que responden a la necesidad de incrementar la seguridad, de dotar a estas actuaciones de medios auxiliares específicos y ofrecer soluciones que mejorarán el comportamiento estructural del propio edificio”, ha enfatizado la regidora isleña; indicando igualmente que junto a estas tres modificaciones también se ha planteado y consensuado entre la dirección facultativa y la propia empresa una replanificación del tiempo de duración de la obra en seis meses más de lo previsto inicialmente: “si los plazos previstos fijaban el fin de la obra el 15 de diciembre de 2017, la ampliación conllevaría irnos al 15 de junio de 2018”.
“Nos gustaría que esa planificación se agilizara y así se lo hemos trasladado al responsable de la empresa constructora, manifestando que harán todo lo posible por acortar todo lo posible ese tiempo que, por otra parte, se ve coherente por parte de la dirección facultativa de la obra, que es la que vela por los intereses del ayuntamiento y los ciudadanos”, ha apostillado Cavada.
A partir de ahora, los servicios de Contratación municipales procederán a elaborar el expediente de modificación de contrato para, posteriormente, exponerse en la Comisión Informativa -en la que están presentes todos los Grupos Municipales de la Corporación- y, finalmente, aprobarse de forma definitiva en Junta de Gobierno Local.
Finalmente, la alcaldesa isleña ha querido transmitir un mensaje de “normalidad y tranquilidad”, al ser una obra de “gran envergadura” en la que se han ido viendo “la realidad” de las condiciones del edificio durante las tareas de demolición.
Por su parte, el director facultativo de las obras, Francisco Márquez, ha detallado que durante las primeras tareas de demolición de las zonas de más complejo acceso del edificio, se fueron descubriendo “algunas cuestiones que difícilmente se podían haber previsto”.
Así, ha precisado que los dos primeros modificados a coste cero tienen que ver fundamentalmente con las bóvedas del edificio, las cuales “no se pudieron visualizar en el periodo de redacción del proyecto”, aunque se hicieron catas y se previó una solución constructiva que finalmente ha habido que adaptar para consolidar las bóvedas.
Una vez acometida la parte de consolidación estructural del edificio, comenzó la parte de cimentación, comprobándose entonces “la necesidad de aumentar la seguridad en estas tareas de cimentación para adecuarlo a situaciones no previstas” como ha sido la aparición de siete pozos -seis nuevos y uno ya conocido- que “perforan el subsuelo del edificio como un gruyere”. Por ello, ha habido que acodalar los muros de cimentación, así como los forjados y las viguetas metálicas de la segunda planta que estaban “muy dañados” y no se pudieron reconocer previamente “debido al falso techo del salón de plenos antiguo y de la Sala Isabelina”.
De esta forma, según ha añadido Márquez, ha habido que reforzar el forjado, “y no estaba previsto”, para “apoyar los encofrados sobre este forjado de segunda planta, que no estaba en condiciones de soportar ese peso”; y también se ha adecuado una solución de forjado de cubiertas que “pesaba menos y por tanto se podía ir a una solución menos compleja que la inicial”.
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