Tras varios aplazamientos, el último el pasado 12 de diciembre,Josefa Márquez, una vecina viuda de 84 años de San José Obrero, que lleva casi 40 viviendo en la casa que construyó con su familia, tiene hasta el 13 de marzo para desalojarla. En su mismo caso está su hija, que vive en otra casa al lado con su marido y sus dos hijos.
La sentencia judicial para ambas es firme conforme a un largo proceso de reparcelación que contempla el derribo de estas casas para la construcción de nuevas viviendas. Desesperada, esta anciana ha grabado un vídeo que su familia difundió el domingo en las redes sociales y que cuenta ya con 30.000 visitas y miles de comentarios de ciudadanos que empatizan con su situación.
La octogenaria lamenta que “después de treinta y tantos años nos vemos en la calle sin yo deberle nada a nadie; yo pago mi contribución, que pago 500 y picos de euros, y la pago por meses, pero mi abogado se ha estado comiendo el dinero durante 14 años. No duermo de noche, me tengo que levantar, desesperada, pensando en mi casa, en mis muebles, en todo”. Como relata su hija a este periódico, que no puede contener las lágrimas para contar su historia, su calvario empezó hace 15 años cuando les llegó una noticificación avisándole de que sus casas eran ilegales. “Nosotros tenemos nuestras escrituras, nuestro permiso de obra, pagamos la contribución”, defiende su hija. En el mismo caso que ellos había tres familias más, que de momento continúan en sus casas. Hace dos años, asegura, su situación económica cambió, porque su marido se quedó en paro y su madre con una pensión de 600 euros tenía que ayudar a otra hermana. Entonces le dijeron que le pagarían cuando terminara el proceso, tal y como relata, su letrado se negó. Se buscaron otro de oficio pero era demasiado tarde y empezaron a llegar las sentencias judiciales.
“Mi hija está con la misma pena que yo. Somos dos familias. Me han dado un trozo de tierra al lado. ¿Qué hago yo con esa tierra. Yo no tengo dinero para hacerme una casa. Si lo tuviera me la haría. Cómo me hago una casa con los 600 euros que cobro de pensión?”, narra su progenitora en el vídeo.
Se refiere los terrenos de 300 metros que le ofrece la junta de compensación de promotores privados que se encarga de la reparcelación de la Unidad de Ejecución 2Q1 Arroyo del Membrillar y va a urbanizar los terrenos para construir un bloque de pisos, además de 3.000 euros, tal y como asegura su hija.
“Nuestras viviendas están en terrenos de 750 metros y están valoradas en 500.000 euros por un perito judicial. No nos pueden dejar en la calle”, señala su hija. Su madre en este sentido es tajante y no está dispuesta a que este final se materialice. “Por favor haced algo. Me veo en la calle tirada con 84 años para que hagan viviendas pero me tienen que tirar a mí a la par de la casa”, lamenta.
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