La Audiencia provincial de Cádiz ha dispuesto reabrir la causa penal y que se practiquen las diligencias que se estimen oportunas para el esclarecimiento de los hechos acontecidos en marzo de 2016, cuando el alcalde de la ciudad, José María González, dijo que se había suministrado “a sabiendas” agua contaminada a los vecinos de Loreto cuando el corte del suministro en el barrio en octubre de 2014 .
La reapertura del caso se basa en que, según el auto judicial, “no entendemos que la expresión objeto de la querella se acomode a exponer una simple sospecha o débil conjetura de una actuación equívoca o inconcreta, ni se acomode en principio a los términos propios de una mera crítica de una actuación política, el archivo ab initio es más que prematuro, siendo procedente el dictado de una resolución estimatoria del recurso de apelación” por el cual se reabre la causa penal.
Como antecedentes cabe recordar que en junio de 2016, desde el PP se interponía una querella criminal contra el alcalde de Cádiz, su asesor José Vicente Barcia, y el que fuera concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza. Dicho auto se admitía a trámite y contra el mismo se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, que concluyó en el archivo de la causa penal en septiembre del pasado año. Contra el mismo se interpuso recurso de apelación por parte del PP.
En esta causa penal, explica el auto, lo que se dilucida es “si afirmar que el “equipo del PP” o el “equipo de Teófila” suministraron al barrio de Loreto agua contaminada “a sabiendas”, puede entenderse como un hecho, en principio, con rasgos ilícitos o si debe descartarse tal naturaleza.
En el documento repasan durante más de cinco folios la jurisprudencia relacionada con los delitos de calumnia y de injurias, citando sentencias del Tribunal Supremo, del Europeo de Derechos Humanos y del Constitucional. Por ello, indica que, por ejemplo, “cuando las libertades de expresión e información operan como instrumentos de los derechos de participación política debe reconocérsele, si cabe, una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, haciéndoles especialmente “resistentes, inmunes a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar”, quedando amparadas por dichas libertades “no solo las críticas inofensivas o indiferentes, sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar”.
En relación con el caso que ocupa, “no puede rechazarse el carácter delictivo ya que, a priori, esta frase no puede entenderse que se encuentre dentro de los límites de una mera crítica sobre cómo se gestionó el incidente del agua en Loreto; no se trata tampoco de atribuir una conducta de forma genérica, vaga o equívoca, sino que se ofrece una afirmación muy precisa, concreta e inequívoca” que no da margen de error.
Dicha frase, “a sabiendas se suministró agua contaminada al Barrio de Loreto”, está imputando una actuación dolosa incardinable en un delito de peligro abstracto como es el delito contra la salud pública”. Lo que sí resulta relevante, según el auto, es que “no se ha utilizado una fórmula abierta incompatible con la imputación de un delito, ni tal afirmación puede entenderse como referencia a una actividad criminal indeterminada por la concreción y determinación que supone la frase”.
Recuerda el derecho que tienen los querellados de denunciar en Fiscalía cualquier actuación del anterior equipo de Gobierno, ni se trata tampoco de un derecho a informar a la población de las causas que llevaron a la contaminación del agua, ni a limitar que se hiciera público el informe.
Añade que “no hubo una puesta en conocimiento del contenido de dicho informe, no hubo un anuncio del ejercicio de acciones legales por entender que podría haber responsabilidades penales, ni se puede centrar en una mera crítica a la gestión del PP”. El objeto de la querella se centra en la afirmación “categórica de haber dado agua contaminada a Loreto ‘a sabiendas’”.
Según el auto, la frase “no refleja una mera sospecha, sino que en un principio se trata, al menos en apariencia, de una aseveración carente del exigible rigor”.
Por ello, el tribunal no descarta la posible existencia de un delito de calumnias e injurias.
Las razones que aportaba el auto sobre que no estaba presente ninguno de los querellantes y así “no puede determinarse cuáles fueron exactamente las palabras del alcalde” y que tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones, en los que aparece una declaración entrecomillada sacada de contexto, realizando una interpretación subjetiva el periodista no pueden justificar el archivo de la querella. Tampoco resulta “aceptable” que “no se haya demostrado la falsedad de dicha imputación y que no existe temerario desprecio a la verdad”.
Como base de su argumento, la Audiencia indica que el archivo carente de diligencias era más que “prematuro”, máxime cuando se aportaban documentos y artículos periodísticos, así como la contestación de los tres querellados en la conciliación, donde se señala “que lo que se dijo quedó fielmente reflejado en todos los medios de comunicación que informaron sobre dicha asamblea y en lo que nos reiteramos los firmantes de este escrito”. Reitera el auto que del informe realizado por Aguas de Cádiz no se desprende dicha conclusión”.
Reacción del PP
La ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, recordaba cómo esa querella se plantea porque “nos sentimos ultrajados por las manifestaciones del alcalde, su asesor y el teniente de alcalde de Medio Ambiente” al decir que “a sabiendas se había suministrado agua en Loreto” ante los vecinos y los medios. “Eso no es cierto, y fue en defensa de nuestra dignidad como persona, porque eso no se puede tolerar. Es la imputación de un delito muy grave y en política no vale todo”.
Martínez añadió que “está en manos de la justicia, pero nosotros iremos hasta donde haga falta”.
En relación con el informe presentado por el equipo de Gobierno en Fiscalía sobre la actuación del ex Gobierno local en el caso de Loreto, matizó que “ya se ha pronunciado quien se tenía que pronunciar. Se desmontó y quedó patente que las cosas se han hecho bien”.
Asimismo, afirma que “políticamente se podría haber considerado como algo que es propio de políticas antisistema y de extrema izquierda, pero no se puede ni dejar pasar ni tolerar. No estamos dispuestos a que se deteriore nuestra imagen personal y política, porque se atentó contra nuestro honor ante los vecinos y no todo vale”.
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