El Grupo Popular ha registrado en el Parlamento una proposición de ley en la que reclama la modificación de la ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía para limitar a dos los mandatos del presidente de la Junta y de sus consejeros.
Los 'populares' reclaman una modificación del artículo 4 de la citada ley, según se recoge en la iniciativa, consultada por Europa Press. En la nueva redacción que se propone se apunta que serán "inelegibles" como presidente de la Junta los miembros del Parlamento de Andalucía "que hayan ejercido la presidencia de la Junta durante dos legislaturas".
También se solicita un cambio en el artículo 22 de esta normativa para que no puedan ser designados como titulares de vicepresidencias o de consejerías "aquellos que hayan ostentado estos cargos durante dos legislaturas, salvo que hayan transcurrido cuatro años desde la terminación de su último mandato".
En la exposición de motivos, el PP-A argumenta que la limitación de mandatos de los presidentes de las comunidades y de los miembros del Consejo de Gobierno es uno de los puntos "fundamentales" del proceso de regeneración democrática abierto en nuestra sociedad y que debe ser abordado por nuestras instituciones.
EL GOBIERNO EXTREMEÑO YA LO HA REGULADO
Para los 'populares', dicho proceso "contribuye a dar un mayor dinamismo a las políticas públicas y supone subir un peldaño más para poner lo público por encima de los intereses personales o partidistas". Además, recuerdan que el Gobierno de Extremadura ya ha regulado la limitación de mandatos para el presidente de esta comunidad.
Por tanto, la presente proposición de ley "tiene por objeto el establecimiento en nuestra comunidad de la limitación de mandatos del presidente de la Junta y de los designados como miembros del Consejo de Gobierno en el marco del proceso de regeneración democrática que las instituciones están impulsando".
El PP-A recuerda que en el ámbito andaluz ha sido aprobada la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, mientras que a nivel nacional han sido aprobadas, entre otras, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley Orgánica por la quese modifica la Ley Orgánica del Código Penal; la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
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