El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha trasladado a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE), a la que el anterior gobierno del PP vendió la Casa Ágreda por 1,9 millones de euros pese a estar valorada en 6,2, su "firme empeño" de recuperar este inmueble declarado BIC, cuya adjudicación está siendo objeto de una investigación judicial.
Cuenca ha realizado estas declaraciones a los periodistas en las puertas de la Casa Ágreda, donde ha informado de que los actuales propietarios han recurrido la decisión que el equipo de gobierno adoptó en Junta de Gobierno Local el pasado 20 de mayo de 2016 de rescindir el contrato a esta federación marroquí por incumplimiento, al no presentar aún el proyecto de rehabilitación del inmueble.
Tras anunciar que ha mantenido una reunión con los responsables de la Federación a los que ha demostrado su "rotundo rechazo a seguir adelante con esta venta", se ha mostrado convencido de que el derecho de superficie de la Casa Ágreda revertirá a la ciudad, entre otras cosas, "porque ellos son conscientes de que la operación no se hizo correctamente", ha manifestado
El alcalde ha insistido en que para el actual equipo de gobierno la venta de la Casa Ágreda se produjo de forma "incomprensible, injustificada, oscura y, sobre todo, lesiva para los intereses de la ciudad", tal y como evidencia que, ante la denuncia de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 9 de Granada haya abierto diligencias contra el anterior alcalde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por posible prevaricación en la operación.
Especial mención ha realizado a "la desaparición" del depósito 152.000 euros que la adjudicataria abonó en concepto de garantía "y que como tal no hay que tocar", pero que el PP "no tardó en dilapidar", por lo que, según ha lamentado, cuando se recupere el edificio tendrán que salir de las arcas municipales.
Cuenca ha recordado que una de sus primeras decisiones como alcalde fue iniciar el expediente para recuperar para Granada este inmueble del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural tras detectar incumplimientos por parte de la organización concesionaria que, según ha manifestado, "no ha presentado el proyecto de rehabilitación tal y como recogía el acuerdo de concesión".
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