Casi tres meses después de alzar el telón, la comisión de investigación creada para depurar responsabilidades políticas en torno al presunto fraude en los cursos de formación esperaba este martes en el Parlamento de Andalucía a su compareciente más ilustre. Susana Díaz, presidenta de la Junta y por elevación el testimonio más esperado, se sometió durante 170 largos minutos a una ráfaga de preguntas aunque, paradojas, el foco mediático acabaría posado sobre su marido, alguien que quizás siguiera su testimonio en ese momento desde la distancia y a través de internet.
La mujer que empuña desde 2013 el timón de la Junta se presentó ante los comisionados ensalzando el “honor” de poder cumplir con lo que consideró su “obligación”, frente -llegaba el primer dardo con la ministra Báñez como diana- a quienes “se esconden”. Y todo ello, recalcó incluso en su primera frase, habiendo sustituido a José Antonio Griñán cuando las convocatorias de cursos acumulaban dos años de suspensión.
La comparecencia avanzaba por una senda sin excesivos socavones hasta que el cuarto turno de palabra encendió el micrófono de Teresa Ruiz Sillero, diputada del PP. El tono se volvió agrio y presagió una tormenta que acabaría sobrevolando la sala durante un cuarto de hora. En el que pudo ser el mayor rifirrafe verbal de toda la comisión, la popular dejó pasar la difusa respuesta de Díaz sobre la dimisión del que fue número 2 del PSOE(A), Rafael Velasco, pero agarró con fuerza la que intuyó era su gran presa: la aparición de José María Moriche, esposo de la presidenta, entre los empleados de IFES, una fundación apéndice de UGT que organizó cursos de formación investigados y sobre cuyas ayudas pesa una orden de reintegro por las supuestas irregularidades cometidas al cargar nóminas, entre ellas las de Moriche de 2004 a 2012.
Sillero atacó a Díaz con una insinuación explícita: quiso saber cuánto dinero entró “en casa” de la presidenta con cargo a los cursos de formación en los que participó su marido, cuya identidad figura en los expedientes asociada a la “preparación de tutorías y evaluación” de cursos de temas tan dispares como inglés, azafatas o aeronáutica. Díaz se sacudió desde la tribuna la acusación recordando que su marido era un simple “auxiliar administrativo” que sólo ha cometido “el delito” de haberse casado en su día con la futura presidenta de Andalucía.
Aportó incluso su vida laboral y todas sus nóminas, que en IFES oscilaron entre los 700 y los 1.200 euros mensuales. Luego lanzó la frase de la jornada: “Eso es lo que cobraba como auxiliar administrativo. Me casé con un tieso, sí. ¿Qué pasa?”.
Intercambio de golpes
A partir de ahí, la gresca. Díaz se revolvió elevando el tono, acusó a Ruiz Sillero de “mentir” y la retó a que “con valentía y gallardía” lanzase la insinuación de que Moriche se benefició de su condición de presidenta. Si lo hacía, le esperaban los juzgados. También la animó a que elevara a afirmación la insinuación de que los cursos pudieron proporcionar a su familia hasta 200.000 euros. “Dígamelo a los ojos, con gallardía”, le espetó sin éxito.
Díaz puntualizó que no congeló los cursos sino que mantuvo la paralización de 2011 por “si había fugas en las cañerías”, una decisión “contundente” frente a la “tibia” del Gobierno central. También justificó el alquiler de sedes de UGT porque eran “edificios comunes con el PSOE” y negó la máxima: no hay menoscabo de fondos ni una “gran conspiración para consentir el fraude”.
Tres millones recuperados de 90
Díaz ratificó ante la comisión uno de los pocos datos que aportó su actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado: a las empresas infractoras se les reclaman 90 millones de euros, de los que se han recuperado ya 3 (uno de forma voluntaria y dos por vía ejecutiva), más otros 51 que están aún en fase de alegaciones. Su predecesor, Luciano Alonso, justificó que no vio motivos para reactivar la formación durante su etapa.
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