La Diputación de Sevilla puso en marcha el pasado 23 de mayo una nueva edición del Plan de Urgencia Municipal (PUM) para 2016, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, y para el que se han consignado cinco millones de euros para realizar contrataciones temporales de personas en riesgo de exclusión social de los municipios sevillanos y por el que se prevé que se beneficiarán hasta 5.000 familias.
Desde que este programa social provincial se puso en marcha en 2009 se han destinado 62,2 millones de euros (incluidos los cinco millones de esta presente edición) y hasta la fecha se han beneficiado unas 36.000 familias, a las que se esperan sumar las 5.000 de este año, según explicó ayer el presidente de la indicó que del total de esos 62,2 millones, unos 8,2 han sido aportados por los propios ayuntamientos de los municipios sevillanos.
“Tal y como señalé en la celebración de El Día de la Provincia, desde la Diputación apelamos por un gran pacto por el empleo (para la provincia de Sevilla) en el que estén involucradas todas las instituciones, ya que el primer problema para el 80% de la ciudadanía es precisamente el empleo”, señaló Villalobos al respecto, anunciando la activación de un nuevo PUM para realizar contratos temporales a las familias más necesitadas de la provincia.
Las mejoras
Entre las novedades de esta edición destaca un ajuste en las exigencias del indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), para que la franja de beneficiarios incluya a familias que no están en vulnerabilidad económica total pero que tienen a hijos cursando estudios universitarios o ciclos superiores.
En cuanto a la cofinanciación del explicó que se han bajado los porcentajes de las aportaciones a 90 municipios. Así, las 45 localidades de menos de 5.000 habitantes pasan a aportar un 0% de los fondos, mientras que las de más de 20.000 habitantes verán incrementada su aportación en un 3%.
La forma de tramitación también ha cambiado y a partir de esta edición se realizará mediante una “concesión directa de la subvención” para garantizar que ninguna entidad local se quede fuera.
Los contratos del PUM tienen un mínimo de 15 días y un máximo de tres meses.
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