La Consejería de Justicia e Interior ha eliminado en Andalucía 4,3 millones de expedientes judiciales acumulados correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas, con el objetivo con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales.
Según detalla la Junta de Andalucía en una nota, esta medida ha sido aprobada por la Junta de Expurgo, de la que forman parte el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En toda la comunidad autónoma andaluza, tras haber realizado una nueva destrucción de 23.464 cajas con cerca de 1,3 millones de documentos, se han llegado a los 4,3 millones de expedientes eliminados, que han supuesto para la administración de Justicia un ahorro de 157.000 euros al no tener que mantener la custodia de esos papeles.
Los datos los ha dado a conocer la Delegación de la Junta en Cádiz, donde la Junta de Expurgo ha determinado desde el año 2012 la destrucción en esta provincia de un total de 391.112 expedientes judiciales carentes de valor, guardados en 7.870 cajas y correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas del periodo comprendido entre los años 1945 y 1998.
Este proyecto forma parte de la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental para facilitar el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.
Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, con lo que se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.
Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, su transferencia a la administración competente en materia de patrimonio histórico.
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