El cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, vuelve a sentarse mañana en el banquillo de los acusados para ser juzgado en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un delito continuado de malversación de caudales públicos en el caso de la planta desaladora de Marbella.
El exasesor urbanístico, que lleva en prisión desde el 29 de marzo del 2006, será conducido desde la prisión a los juzgados de Málaga para enfrentarse a una pena de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por el delito continuado de malversación.
También está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de un delito de prevaricación administrativa por el que le pide inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años, según la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Efe.
La vista oral está prevista que se celebre mañana en la Sección Octava y en este procedimiento también está acusado el abogado José Luis Sierra, acusado de malversación de caudales públicos.
El fiscal señala en su escrito que el letrado Sierra, al que se le pide seis años de prisión y quince de inhabilitación, presenta un deterioro cognitivo severo por una demencia tipo enfermedad de Alzheimer, enfermedad de carácter neurodegenerativo, progresiva y sin cura.
Además, se añade que el acusado, que fue asesor jurídico del exalcalde de Marbella Jesús Gil, "no es consciente de sus actos" y que está en una situación de demencia sobrevenida a la comisión de los hechos que se le imputan.
El juicio se iba a celebrar el pasado diciembre pero se suspendió debido a que el fiscal pidió que se diera traslado a las partes de una prueba pericial de la Agencia Tributaria, petición a la que se adhirió el Ayuntamiento de Marbella, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y la defensa de Roca.
El ministerio público mantiene que después de que Gil asumiera la Alcaldía en junio de 1991 se maquinó en la corporación y se ejecutó "un procedimiento de huida del Derecho Administrativo", lo que ejecutaron el regidor y sus colaboradores más cercanos.
Esos colaboradores fueron elegidos en base a criterios de confianza "y con incumplimiento sistemático, injustificado y deliberado de la norma de contratación", con confusión de lo público y lo privado.
Para ello se crearon sociedades municipales como "una organización paralela", precisa el fiscal, y esta forma de actuar se extendió al periodo que Gil presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Sierra, en aquellos años, era el abogado personal de Gil y asesor de la Mancomunidad.
El fiscal subraya que Roca "fue la pieza clave en todo el entramado municipal y societario hasta el momento de su detención e ingreso en prisión" y que "sus decisiones eran acatadas estrictamente por todos los miembros de la corporación municipal".
Roca fue condenado a diecisiete años de prisión por el caso Malaya y le pesan otras condenas por otros procedimientos como el caso Saqueo I.
El fiscal, en este procedimiento, dice que en 1995 la situación de "pertinaz sequía" obligó a construir una planta desaladora en Marbella y se contrató a la empresa Decosol para su construcción, de forma que el contratista financiaría los trabajos a cambio de un canon de inversión.
Antes, había que expropiar los terrenos y nombrar una dirección facultativa que se hiciera cargo de la obra, que acabó el 28 de abril de 1997.
En el proceso de contratación administrativa y control contable "se produjeron graves incumplimientos de la norma", y en total eran siete las parcelas a expropiar, tarea que se delegó a Roca, pero "no se concluyeron los expedientes expropiatorios y, en algún caso, ni tan siquiera se iniciaron, pese a haberse ocupado".
Decosol abonó a Planeamiento 2000 SL la cantidad de 150 millones de pesetas, a través de dos cheques bancarios, destinados al pago del justiprecio a los propietarios de los terrenos a expropiar y cuya ocupación ya se había materializado.
Pero Roca, "lejos de cumplir su encargo", hizo suyos 145 millones y los incorporó a su patrimonio, y además realizó adjudicaciones irregulares y se permitió que Gil, Roca y Sierra desviaran 75.780 millones de pesetas
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