El abogado defensor, José Antonio Salazar, dijo a los periodistas a la salida del Juzgado que María "no pretende eludir ninguna responsabilidad" pero es insolvente ya que es una estudiante que no tiene ingresos propios, coches ni bienes inmuebles.
El letrado insistió en que su cliente deberá pagar la fianza en caso de que finalmente resulte procesada y condenada, ya que confía en que el juez de instrucción 4 de Sevilla acepte su recurso y decrete el sobreseimiento de la causa respecto a ella.
Según Salazar, "no hay suficientes indicios contra ella para mantenerla sujeta a este procedimiento" y por el contrario existen "claros datos objetivos" de que cuando llegó al piso de la calle León XIII de Sevilla donde se produjo el crimen, hacia las 00.15 horas del pasado 25 de enero, el asesino confeso Miguel C. D. ya se encontraba en la vivienda de su novia en Camas (Sevilla), tras deshacerse del cuerpo de la víctima.
Ninguno de los implicados "dice una sola palabra sobre la intervención de María" y ella misma ha declarado desde sus primeras comparecencias como testigo que nadie entró en el domicilio hasta que su novio, Francisco Javier D. M, lo hizo hacia las 04.00 de la madrugada, al concluir su trabajo en un pub, ha añadido Salazar.
El juez que investiga la muerte de Marta ha impuesto una fianza conjunta de 240.000 euros al autor confeso de la muerte, Miguel C. D; a su amigo Samuel B. P, a su hermano mayor Francisco Javier D. M. y a María G. M.
Salazar, que ayer acompañó a María en su comparecencia ante el juez, dijo que es "injusto mantenerla imputada" y aseguró que la joven se encuentra "anímicamente mal porque a nadie le gusta estar implicado en un asunto de esta características tan desagradables".
El juez quiere investigar las filtraciones
Mientras, el titular del Juzgado de Instrucción, Francisco de Asís Molina, ha ordenado una investigación sobre las filtraciones a los medios de comunicación del contenido de las diligencias incoadas por la muerte de Marta.
Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha ordenado la apertura de esta investigación ayer mismo a solicitud del decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, y previo informe del Ministerio Fiscal. El objetivo de la investigación es "evitar la difusión pública del contenido de las actuaciones, especialmente de las transcripciones de las conversaciones de los imputados".
En la resolución judicial, además, se recuerda que la publicidad de las actuaciones sumariales está limitada en la fase de instrucción y se apela a la responsabilidad de los medios de comunicación para evitar en lo sucesivo la difusión de las transcripciones de las conversaciones de los imputados, especialmente las mantenidas en los centros penitenciarios, con el fin de que el procedimiento no se vea perjudicado.
El hermano también solicita la retirada de los cargos
Por otra parte, la defensa de Francisco Javier D. M, hermano del asesino confeso, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla la retirada de los cargos que pesan contra él al estar basados únicamente en "conjeturas".
Según informaron a Europa Press fuentes de la representación jurídica de Francisco Javier, fue el jueves cuando se le presentó este escrito pidiendo la retirada de los cargos a Francisco de Asís Molina, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla que investiga el asesinato de la joven.
En este sentido, las mismas fuentes reseñaron que en el día de ayer se le solicitó al juez que decrete el sobreseimiento libre o provisional de la causa, pues, según argumentaron, "no existe ninguna prueba directa ni indiciaria" contra Francisco Javier -actualmente en libertad provisional- y todas las actuaciones del proceso "se basan en conjeturas".
Francisco de Asís Molina dictó el pasado miércoles día 20 de mayo un auto judicial en el que determinaba la excarcelación inmediata del hermano del presunto asesino de la joven, Francisco Javier D. M, que se encontraba interno en la prisión de Sevilla I por su presunta implicación en los hechos.
El juez decretó el ingreso en la cárcel de Sevilla I para el hermano de Miguel Carcaño "como medida excepcional", pero tres meses después de haber tomado esta decisión argumentó que "no subsisten los motivos" para mantenerlo encarcelado, pues "el riesgo de fuga y la posibilidad de eliminación de pruebas se han atenuado".
De igual modo, el juez señaló que "la posición del imputado no fue predominante en los hechos y su participación en los mismos tiene una menor entidad que el resto de imputados", aunque, según las fuentes, el hecho de decretar su excarcelación inmediata no implica que Francisco Javier no vaya a ir finalmente a juicio en calidad de imputado, pues de hecho se mantienen los cargos por los que fue imputado desde el inicio de la causa.
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