Estas pasadas navidades ha estado presente en Madrid el Gran Circo Mundial. El diario El País le dedicaba una elogiosa crítica en la que Javier Vallejo concluía: “Los números con animales (aquí hay cuatro, muy diversos, incluido uno con 25 grandes felinos, de Martin Lacey, del Circo Krone) son, sobre todo, im imán para los niños pequeños. El público sale encantado, con fundamento”. De hecho, no hay quien entienda el circo sin los números con animales; empezando por los mismos empresarios circenses. Sin embargo, durante el último año se han venido produciendo una serie de iniciativas municipales en diferentes localidades españolas, entre ellas Jerez, para declararlas “ciudades libres de circos con animales”, lo que ha acotado la presencia de muchos circos por el territorio nacional. No obstante, la situación podría volver a dar un giro tras lo ocurrido en Zamora, “ciudad libre de circos con animales”, tras una sentencia judicial que ampara a un circo con animales a poder ofrecer su espectáculo en la localidad castellano leonesa.
Andalucía suma ya un total de trece municipios declarados libres de circos con animales -a esta lista se acaba de unir Casares (Málaga), que ha aprobado por unanimidad en el último pleno una moción de Ecologistas en Acción en este sentido-.
En concreto, los municipios que han prohibido los circos con animales son Benalmádena, Campillos, Málaga, Marbella, Ronda y Casares en Málaga; Castilleja del Campo y Utrera en Sevilla; Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz en esta provincia; Priego de Córdoba en Córdoba y Huelva. Según ha indicado la presidenta de la asociación de protección animal Faada, Carla Cornella, “cada vez son más los municipios que se cuestionan la ética de este tipo de espectáculos y si en el siglo XXI son necesarios o no”.
Cornella ha asegurado que se trata de una tendencia al alza, y que “mientras antes era la asociación la que contactaba con los municipios para explicar esta medida, ahora son los ayuntamientos los que se interesan y piden información”, y en España son más de doscientos los municipios que han adoptado esta medida.
La presidenta de Faada ha indicado que está científicamente demostrado el sufrimiento de los animales en este tipo de espectáculos itinerantes, que “atentan contra su integridad porque además de vivir fuera de su hábitat y estar privados de realizar sus comportamientos naturales, están sometidos a técnicas de adiestramiento con castigos y restricciones de alimentación”.
La situación ha provocado que en el último se haya creado en España la Asociación de Circos Reunidos, desde la que reivindican la profesionalidad de su trabajo, el cumplimiento de la legalidad y su denuncia contra el maltrato animal, en contraposición a las iniciativas que han impedido su presencia en numerosas ciudades del país.
En este sentido, la Asociación garantiza que todos sus asociados cumplen rigurosamente con todos los estándares de bienestar animal obligatorios. “Dichas normas han sido establecidas por el Ministerio de Agricultura; y de su cumplimiento se encargan, periódicamente, los servicios de protección de la naturaleza de la Guardia Civil y los veterinarios de la administración pública”, al tiempo que recalcan que “una de nuestras más importantes misiones es la de garantizar que todos nuestros miembros y socios cumplan con todos los requisitos de bienestar animal exigidos por la ley”.
El colectivo considera que su “derecho constitucional al trabajo” está siendo “vulnerado por todos los ayuntamientos que se han declarado libres de circos con animales de forma ilegal”, y denuncia la “campaña de calumnias que están llevando a cabo determinadas asociaciones animalistas en contra de esta profesión milenaria”.
Ponen de ejemplo lo que está ocurriendo en países como Italia, Alemania o Suiza, donde también se emprendieron iniciativas contra los circos con animales a las que han respondido los ciudadanos con recogidas de firmas y los propios gobiernos declarándolas como “ilegales”. Una situación a la que consideran puede llegarse en España a raíz de la sentencia dictada por un tribunal en Zamora, que “será el primer ayuntamiento de España que tendrá que pagar las consecuencias de su trato arbitrario con uno de nuestros asociados”. Para ellos, la clave está en que “la decisión de una ayuntamiento no puede ir en contra de una actividad legal dentro del Estado”.
De momento no se ha dado la circunstancia en Jerez, pero los empresarios circenses ya saben a qué aferrarse si deciden instalar sus carpas y sus espectáculos de animales... siempre que cumplan con la ley.
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