La polémica está llegando a los ayuntamientos de la provincia por un asunto de fuertes implicaciones políticas, sociales y económicas, a las que hay que añadir la implicación de Podemos y el papel decisorio del PSOE.
El centro de la cuestión: el Pacto Social por el Agua, un documento que ya ha llegado a varios ayuntamientos de la provincia, caso de Cádiz, Jerez, Sanlúcar y Barbate -próximamente lo hará al ayuntamiento de El Puerto de Santa María-, que ya han debatido sobre el mismo con resultado diferente en cada caso: ayuntamientos donde el PSOE vota a favor del Pacto, otros en los que no quiere aprobarlo pero acaba votando a favor de la propuesta, y otros donde es rechazado.
El nexo de unión en todos esos municipios es que la propuesta es casi siempre llevada a pleno por Izquierda Unida y/o agrupaciones de electores vinculadas a Podemos, mientras el PSOE adopta posturas diferentes en cada caso.
Se trata de un Pacto que, a priori, resulta necesario, coherente y socialmente justo. y sin empargo ¿por qué entonces está siendo objeto de disputas políticas?
El documento propuesto contiene doce puntos que Podemos e Izquierda Unida en la mayoría de los casos, están llevando a los plenos de sus respectivos ayuntamientos como una hoja de ruta, un compromiso firmado al que se adhieren los equipos de gobierno local para garantizar que el agua sea de gestión pública y que implica, además, como requisito la adhesión a Aeopas, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
Pero a pesar de que la propuesta se basa en un discurso noble, el del agua como un derecho humano que ha de ser garantizado, su puesta en práctica no está clara.
Hay que partir del hecho de que la titularidad del agua es siempre pública, aunque luego son los ayuntamientos o la administración competente quienes eligen cómo gestionar el abastecimiento y el saneamiento de aguas en su territorio: si por medio de una empresa pública, privada o mixta.
El llamado Pacto Social por el Agua busca garantizar el carácter público del agua, y que ésta sea gestionada siempre por entes públicos, y con ello blindarla frente al desembarco de las empresas privadas en el sector de abastecimiento y saneamiento. “Este movimiento es un movimiento de resistencia frente a las privadas”, define una de las principales caras del movimiento por el agua pública, Luis Babiano, gerente de Aeopas.
La adhesión al Pacto por parte de los ayuntamientos persigue garantizar el agua pública incluso en aquellos casos en los que el agua ya está siendo gestionada por una empresa privada en forma de concesión, lo que ha provocado una especie de guerra política en algunos de los ayuntamientos más importantes de la provincia, sea la gestión de su agua de titularidad pública o privada.
La primera disputa abierta en torno a esta cuestión, donde se destaparon los primeros escarceos dialécticos, fue la de Cádiz.
El pasado 28 de agosto, la formación política Por Cádiz Sí Se Puede llevó al pleno la propuesta de adhesión al Pacto Social por el Agua, y esta fue rechazada por los votos en contra del PSOE.
El motivo quedó evidenciado en la disputa que mantuvo el socialista Fran González con el alcalde de Cádiz. El centro de la enmienda socialista para rechazar la adhesión al Pacto Social por el Agua fueron las dudas expresadas por Fran González respecto a Aeopas y a su gerente, Luis Babiano, así como a la “forma en la que nos habían metido el Pacto sin consultar con la oposición”. Fran González ha declarado a este medio que “el original Pacto Social por el Agua que se nos presentó fue modificado sin nuestro conocimiento para incluir la exigencia de que el ayuntamiento se asociará a Aeopas”.
La empresa municipal que gestiona el agua en Cádiz, Aguas de Cádiz S.A., pertenece ya a otra asociación de operadores públicos, privados y mixtos de agua, la Asociación de Abastecimiento de Agua y Sanemaiento de Andalucía, ASA. Firmar el Pacto Social por el Agua obliga a Aguas de Cádiz a salir de ASA y a entrar en Aeopas.
En el pleno del pasado agosto, Fran González reciminó al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que el gerente de Aeopas, Luis Babiano, “es conocido del señor alcalde por ser integrante de la formación de Por Cádiz Sí Se Puede, o en el ámbito de Podemos a nivel nacional”, motivo por el cual “cuestionamos el hecho de querer salir de una sociedad que representa a 98 entidades públicas, privadas y mixtas [ASA, presidida por Pedro Rodríguez], responde a otros criterios que no son estrictamente el del beneficio y la responsabilidad de Aguas Cádiz de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos”.
La tensión acerca del agua en la capital tiene una pregunta evidente detrás: ¿qué interés hay en salir de ASA y formar parte de Aeopas? Los socialistas de Cádiz lo tienen claro: “abandonar una asociación que defiende los intereses públicos para formar parte de otra cuyo gerente es un integrante de Podemos”. Y van más allá. Los socialistas ven detrás de esto “un intento de crear una red institucional y política de amigos, compañeros y simpatizantes de Podemos”.
El pasado martes 27 de octubre, el pleno del ayuntamiento de Sanlúcar votó en contra de la misma propuesta que se llevó a Cádiz, con los nueve votos en contra del PSOE, las tres abstenciones de Ciudadanos, las seis del PP, los cuatro votos a favor de IU, y los tres de Podemos. En Sanlúcar el agua está gestionada por la multinacional Aqualia (FCC).
En Barbate, donde también opera Aqualia, la propuesta ha sido aprobada, y se llevará en breve al pleno del ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
El caso de Jerez tampoco está exento de polémica. La adhesión del ayuntamiento a este Pacto se llevó al pleno del pasado mes de septiembre y fue aprobado a pesar de las reticencias iniciales del PSOE, y gracias a los votos a favor de la misma bancada socialista.
En Jerez la gestión del agua fue privatizada en enero de 2013 y se dio la concesión a Aqualia por un valor de 80 millones de euros a un plazo de 25 años, por lo que la adhesión al Pacto Social por el Agua acarrea sus dudas en Jerez, ya que aunque Aeopas trata de revertir el proceso de privatización del agua, remunicipalizar este servicio en Jerez supondría tener que pagar a la empresa concesionaria los 80 millones de euros que costó la compra del servicio, más el lucro cesante, es decir, el beneficio que la empresa privada dejaría de recibir en los 25 años de contrato si se interrumpe la concesión, más los intereses. Un monto total que puede superar los 140 millones de euros, y, sobra decir, una cantidad de la que ni dispone ni aspira a disponer en el corto y medio plazo el ayuntamiento jerezano y que, en todo caso, se agarra a que surja algún incumplimiento del pliego por parte de la empresa como única vía para conseguir su compromiso de que el agua vuelva a ser pública.
El equipo de Gobierno, a propuesta de IU y Ganemos, aceptó el Pacto Social por el Agua, que llevaba aparejado la contratación de Aeopas, que supone al ayuntamiento de Jerez un coste de 4.500 euros al año.
De hecho, el Pacto que viene recogido en la web iniciativagua2015.org, especifica en su punto número diez que los firmantes de ese documento se comprometen a abandonar las asociaciones de operadores de agua, como ASA en Andalucía, porque “obstaculizan el reconocimiento del derecho humano al agua”. Y prescribe que los ayuntamientos “deben abrirse a la cooperación con organizaciones de operadores públicos”. En una nota a pie de página se señala que la única organización de ese tipo es Aeopas, “que promociona de manera efectiva la gestión pública y participativa del agua”.
Qué es AEOPAS
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Aeopas, cuyo gerente es Luis Babiano, es según su propio gerente un “movimiento de resistencia frente a la privatización del agua”. Sobre la composición de la asociación, Babiano asegura que “en nuestros estatutos se recoge que somos una asociación de operadores públicos de agua y saneamiento, con participación de la sociedad civil, donde tienen representación las ONG, el 15 M, Solidaridad Internacional, CCOO, la USO, asociaciones de vecinos, etc.”. Pero nada queda claro acerca de qué función cumple Aeopas dentro del Pacto Social por el Agua, ni sobre qué servicio prestará a los ayuntamientos que se asocien a esta sociedad. Lo que sí parece estar claro es que la adhesión a Aeopas tiene un coste para las arcas municipales por prestar un servicio que ninguno de los interlocutores de Información ha sabido precisar. Ni Luis Babiano, ni el presidente de ASA, ni los propios ayuntamientos.
El presidente de la Asociación de Agua y Saneamiento de Andalucía (ASA), Pedro Rodríguez, ha asegurado en entrevista con este medio que “Aeopas aglutina a la sociedad civil y a operadores públicos. ASA por su parte es una organización profesional y técnica, de la que forman parte tanto empresas públicas como Emasesa, Aljarafesa [que preside el mismo Pedro Rodríguez], como privadas y mixtas”. Rodríguez especifica que ASA “actúa como interlocutor directo con las administraciones, sin mediación de partidos políticos”, aunque ha querido dejar claro que “tienden la mano a Aeopas para llegar a puntos de encuentro aunque puedan existir diferencias”. Pero siempre sin precisar cómo trabaja Aeopas: “no tengo que ser yo quien defina a Aeopas”.
Lo cierto es que Aeopas, según Babiano, comprende diversos actores del ámbito civil, de las ONG, sindicatos y otros actores sociales, y tiene una junta directiva en la que tampoco faltan reconocidos representantes del PSOE andaluz, caso de Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, que ostenta la presidencia de Aeopas, o de Manuel Domínguez Limón, vicepresidente segundo, que es el director ejecutivo de Giahsa, la empresa para la Gestión Integral del Agua de la Costa de Huelva.
Entre las empresas públicas que pertenecen a Aeopas están Gestión Medioambiental de Puente Genil, Aguas de Lucena, Aguas de Medina Sidonia, Aguas de la Sierra de Cádiz, Aguas de la Costa de Huelva, de Sevilla, de Écija, de la Sierra Sur de Sevilla, del Condado de Huelva, el Ayuntamiento de Puerto Real, la Diputación de Sevilla o la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía entre otros. Organizaciones como la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, Solidaridad Internacional de Andalucía, la Federación de Ingeniería sin Fronteras, la Federación de Servicios Públicos de CCOO, la Unión de Consumidores de Andalucía o ATTAC España forman parte también del apartado civil de Aeopas.
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