La comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para intentar depurar responsabilidades políticas en torno a la trama de los cursos de formación de la Junta dio ayer los primeros pasos en sus trámites iniciales. Era la jornada establecida como tope para que los distintos grupos registrasen sus propuestas. El PP, por ejemplo, sugiere que las comparecencias e informes se prolonguen durante “al menos un año” y que se elija a un vicepresidente que auxilie al presidente, Julio Díaz (Ciudadanos).
La secretaria general del PP-A, Dolores López, insistió en que “es tan grave lo que ha pasado” que no se debería dar “carpetazo en tres meses” al caso, ni “pasar de puntillas”. También confirmó que su partido reclama la comparecencia de la presidenta Susana Díaz y de sus antecesores Griñán y Chaves.
Podemos, por su parte, propone en su plan de trabajo que la comisión sea “flexible” para adaptarse a lo que surja de las diferentes comparecencias, así como que no se interrumpan los trabajos cuando arranque la campaña electoral de las generales en el mes de diciembre. El vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento, Juan Ignacio Moreno Yagüe, reclamó que las indagaciones no se limiten a un camino que conduzca “a ningún sitio”.
La posición de Ciudadanos, impulsor de la propuesta de comisión que triunfó, difiere de la de Podemos. Marta Bosquet, diputada y una de sus integrantes en representación de su formación, considera “muy importante” que se suspendan los trabajos durante la campaña electoral para que no se convierta “en un circo o arma arrojadiza entre los distintos partidos y que el debate público gire en torno a propuestas concretas para los ciudadanos”.
La otra formación de la oposición, Izquierda Unida, quiere que la primera ronda de comparecencias -podría haber una segunda- comience el 30 de noviembre y se extienda como fecha final hasta el 31 de marzo de 2016, aunque asume que se podría acordar prorrogar el plazo si hay suficiente consenso.
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