El abogado del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha anunciado que, después de que la juez María Núñez Bolaños haya dividido el caso de los ERE fraudulentos y haya formado las cuatro primeras piezas separadas de empresas, "no cuenta con la infraestructura suficiente para acometer una defensa con todas las garantías hacia" el imputado, por lo que ha renunciado a defenderlo en tres de estas cuatro piezas.
En un escrito elevado al Juzgado el día 7 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Guerrero, Fernando de Pablo, pone de manifiesto que, "con anterioridad a este escrito, esta parte ha expuesto en los correspondientes recursos planteados lo lesivo que podría resultar la división de la causa principal en un sinfín de diligencias --no inferior a 200--" para Guerrero.
El abogado añade que, "no considerando este escrito el lugar para reiterar argumentos contrarios a la división, sí hemos de poner en conocimiento del mismo las primeras consecuencias de dicha división", punto en el que manifiesta "no contar con la infraestructura suficiente para acometer una defensa con todas las garantías hacia" su patrocinado.
A ello se suma que Guerrero "cuenta con todos sus bienes e ingresos embargados por ese Juzgado, con lo que le imposibilita comprometerse económicamente con su defensa".
Por ello, Fernando de Pablo anuncia que continuará "realizando sus labores" de defensa respecto a su cliente en la pieza separada de Acyco y solicita que para las piezas de Río Grande, Calderinox y Surcolor, "con suspensión del plazo para cualquier recurso que le corresponda (para no comprometer nuevas direcciones jurídicas y no crear indefensión), le sean realizadas a Francisco Javier Guerrero en su persona".
En este sentido, pide que le sean nombrados abogado y procurador de oficio a Francisco Javier Guerrero para las piezas relativas a Río Grande, Calderinox y Surcolor.
LA DIVISIÓN
En una providencia dictada el 30 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, "dando cumplimiento a lo acordado por auto de 30 de julio de 2015 --por el que acordó la división del caso-- se comenzarán a formar paulatinamente las correspondientes piezas separadas relativas" a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica, Río Grande, Acyco y Calderinox.
La juez acuerda que, en cada una de las piezas mencionadas, "se unirá en primer lugar copia digitalizada de las actuaciones principales, de las que se deducirá en formato papel testimonio de los particulares" que indica en la providencia, todo ello "sin perjuicio de que se incorporen en dicho formato aquellos otros que solicitaran las partes en las diligencias que se incoen con la pieza formada".
Entre los particulares que se incorporarán a cada pieza, la magistrada cita el atestado o atestados presentados, el informe "reservado" de la Junta de Andalucía, y el informe específico de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado referido a cada empresa.
Asimismo, la juez Núñez pone de manifiesto en esta providencia que, "a cada una de las diligencias que se incoen, se llevarán además las piezas separadas de responsabilidad civil y personal relativa a cada uno de los imputados".
LAS DEFENSAS SE OPONEN
El pasado 30 de julio, la juez María Núñez Bolaños dividió la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otro bloque con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
"Es innegable que la división contribuiría decisivamente a la agilización de la causa, 'simplificación y activación del procedimiento' artículo 762. 6º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", señala la juez, que añade que "existen expedientes de concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales respecto de los cuales prácticamente no quedan diligencias que acordar y en las que en muchas de ellas no se ha avanzado nada, prácticamente, desde el inicio de la instrucción, pudiendo ser elevadas a enjuiciamiento de forma inmediata".
La división del caso ERE, a la que se opuso reiteradamente su antecesora, la juez Mercedes Alaya, ha sido recurrida por una decena de imputados, entre ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, quien entiende que las penas para algunos de los imputados, al ser sometidos a varios juicios, "podrían exacerbarse al punto de --es así, puramente y sin exageración-- llegar a doblarlas".
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