Izquierda Unida Rota ha anunciado que presentará a Pleno una moción para su debate y aprobación si el arco plenario lo considera oportuno que inste al Gobierno de la Nación a la inmediata retirada de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'Ley Mordaza' por su polémico contenido.
Desde Izquierda Unida recuerdan que más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada 'Ley Corcuera', que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha sancionado, "en su tónica del “reformazo regresivo”, una nueva Ley que viene a sustituir la ya criticable ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro del Interior socialista.
Para el partido, el texto de esta Ley ha sido redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, "también de marcado carácter restrictivo en derechos", y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
La discrecionalidad que otorga esta Ley a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la 'Ley del miedo' o la 'Ley Mordaza'. "Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales", manifiestan desde Izquierda Unida.
La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches, las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. "No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros", puntualizan los proponentes.
Para Izquierda Unida, esta Ley supone "un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un
trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político".
Por este motivo pedirán al Pleno no solo que exija la retirada de esta Ley, sino que exija además la dimisión del Ministro del Interior, promotor de la misma. Asimismo, solicitarán un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "superada y obsoleta en muchos de sus aspectos", así como la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad.
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