Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) contra el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por inactividad con respecto a la contaminación radioactiva en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), al "haber permitido" la existencia durante casi medio siglo de un "cementerio nuclear al aire libre".
La denuncia, elevada este miércoles al fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, interesa que se cite a declarar al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, para que explique por qué el organismo "no avisó hace cincuenta años del peligro que supone remover tierras contaminadas", así como el porqué de que el Plan de Rehabilitación de Palomares "esté parado desde hace cinco años".
El colectivo conservacionista solicita también que se depuren posibles "responsabilidades" entre los integrantes de los ejecutivos desde 1966, año en que cayeron sobre la pedanía del litoral almeriense dos de las cuatro bombas termonucleares que portaba un B-52 estadounidense que chocó en pleno vuelo con otra aeronave procedente de la base aérea de Morón (Sevilla).
La denuncia, según ha informado en un comunicado, indica que, en 1966, los estadounidenses hicieron "sólo una limpieza publicitaria" y señala que, de los nueve kilos de plutonio que cayeron sobre Palomares, "sólo se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur, EEUU) un 3 por ciento, lo que se traduce en un total 1.000 metros cúbicos de tierra contaminada". Remarcan que, sin embargo, "ahora el Ciemat reconoce que hay que limpiar 50.000 metros cúbicos más".
Hacen alusión, asimismo, en su cronología, a que el 13 de agosto de 1968, el presidente de la Junta de Energía Nuclear, D. José María Otero Navascués envió una carta al entonces ministro de Industria, Gregorio López Bravo, en la que aseguraba: "No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio".
"Todos los responsables de la Junta de Energía Nuclear, el Ciemat, el CSN, y los sucesivos gobiernos de la dictadura y de la democracia sabían desde el principio que la mayoría de los nueve kilos de plutonio continuaban esparcidos por Palomares pero, a pesar de saberlo, han negado su existencia y han permitido durante más de cuarenta años que los agricultores y obreros de la construcción pongan en peligro sus vidas levantando al aire tierras contaminadas de plutonio", sostiene el colectivo.
La denuncia critica, en esta línea, que el Ciemat se haya "limitado" a medir el aumento de la radiactividad cuando se removían las tierras, "sin avisar a los afectados del peligro que corrían, todo para mantener el secreto y no perjudicar al turismo y a la agricultura". "Han dado más valor a la economía que a la salud de las personas", apuntilla.
El Ciemat volvió a abrir plazo en mayo para que los vecinos de la pedanía de Palomares se sometan a los exámenes médicos y a controles de bioeliminación del programa de seguimiento de la salud, voluntario desde 2004, pero que se puso en marcha con carácter obligatorio en 1966.
Esta parte del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la Población de Palomares, aprobada en Consejo de Ministros en 2004, se dirige a vecinos que acrediten que trabajan o viven en la zona desde hace, al menos, más de un año en la pedanía cuevana.
El Ciemat ha efectuado una supervisión continua de las personas y del medioambiente de la zona de Palomares mediante un acuerdo entre España y Estados Unidos desde 1966 hasta 2009, si bien desde esta fecha se realiza únicamente con el soporte económico del organismo español
Anualmente se controla el estado de salud y la posible contaminación interna de aproximadamente a una media de 150 personas, a quienes se somete a exámenes médicos y de dosimetría interna por bioeliminación, esto es, orina excretada en 24 horas.
ÚLTIMA RESPUESTA DEL GOBIERNO
En una reciente respuesta parlamentaria al portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, con el objetivo de saber cuándo piensa el Ejecutivo adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la descontaminación total y definitiva de Palomares, el Gobierno justificó que se esté demorando un acuerdo con Estados Unidos.
En su texto, Centella incidía en que los alrededores de estas localidades "necesitan ser descontaminadas radiológicamente de plutonio y americio" ya que se trata de dos elementos "extremadamente radiactivos concentrados en cuatro parcelas de casi 20 hectáreas".
El Ejecutivo recordó al portavoz de la Izquierda Plural que durante su visita a España en 2010, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó constituir un grupo de trabajo a nivel federal estadounidense para considerar las demandas españolas sobre la descontaminación de Palomares.
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