Tiene los “ojos secos de tanto llorar”. Desesperada, apesadumbrada y, al mismo tiempo, indignada. Así es como asegura sentirse Gema Tirado, vecina de Guadiaro que, por fin, había visto un poco de luz en su vida y que de un día para otro, vio cómo se nuevo la oscuridad hacía acto de presencia.
Hace ocho años solicitó en el Ayuntamiento una vivienda social. “Por aquel entonces mi marido y yo no teníamos hijos, por lo que sabíamos que sería complicado”, explica a VIVA. Sin embargo, hace cuatro años tuvieron a su primer hijo, que a los 20 meses comenzó un tratamiento. No fue hasta noviembre del año pasado cuando le diagnosticaron: Autismo infantil con hiperactividad y retraso madurativo, y cuenta con un 47% de discapacidad.
“Las mismas trabajadoras sociales de San Roque me animaron a aportar toda esa documentación, ya que supondría muchos puntos para poder optar a una vivienda de exclusión social, con un alquiler de 40 euros mensuales”.
Hace unos días falleció uno de los inquilinos de las viviendas de la Junta de Andalucía situadas en la avenida Tierno Galván, cuyos trámites de asignación realiza la empresa municipal Emroque.
“Dos familias fuimos seleccionadas como candidatas para poder optar a la casa que había quedado vacía”, explica Gema, que se vio con muchas posibilidades ya que el inmueble solo tiene dos habitaciones y la otra familia está compuesta por la pareja y cuatro hijos.
Okupas en la vivienda
Esta madre vio el cielo abierto cuando un jueves la trabajadora social le informó de que tenía muchas papeletas para poder entrar en la casa. Sin embargo, “entre el viernes y el sábado se metió otra familia. Me engañaron, porque fui a verlos y me dijeron que se la habían asignado. Cuando fui a ver a la trabajadora social, el lunes, me dijo que no era cierto y que de hecho, una familiar del inquilino anterior había entregado ya las llaves del inmueble”.
A esperar, de nuevo, es lo que le toca a Gema, su marido y sus dos hijos. “Lo veo una injusticia, porque estos individuos no reúnen las condiciones de mi familia. Él tiene sueldo fijo, son de familia más o menos buena. Tienen una niña, pero yo tengo dos, uno de ellos con un 47% de discapacidad y el otro, de menos de dos años, con bronquitis”.
Una enfermedad que se agrava en el inmueble en el que se ven obligados a vivir actualmente. “Es de mis suegros, pero es una casa muy antigua, de 40 metros, con mucha humedad y con un baño que no está preparado. Por mi hijo, más que por otra cuestión, necesito una vivienda digna”, explica desesperada esta madre.
El problema es que ahora la Junta tiene que tramitar el desahucio y esto conlleva un tiempo indeterminado.
Desamparada
Ante esta situación, esta familia ha dirigido varios escritos, entre otros, al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz, aunque de momento no ha recibido respuesta alguna.
Han intentado también reunirse con el alcalde, “pero me dicen que tiene la agenda completa hasta septiembre. Y no lo entiendo”, lamenta.
Le han propuesto la posibilidad de asignarle una vivienda de Emroque, “pero el alquiler son 260 euros y eso no lo podemos pagar. Necesito una solución ya”.
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