Tal y como anunció al día siguiente de hacerse público en contrato de publicidad entre el Ayuntamiento y el Arzobispado de Sevilla la asociación de vecinos La Revuelta formalizó el pasado viernes 29 de mayo ante la Fiscalía una denuncia para que determine si existe algún infracción penal en el acuerdo para sufragar con 350.000 euros más IVA la restauración de Santa Catalina.
La Revuelta entiende que el contrato pretende “la transferencia de fondos municipales a una entidad para un fin impropio” del de Emasesa, prescindiendo “de los requisitos formales en la adopción del acuerdo y utlizando fórmulas con altas dosis de simulación que inclumplen las exigencias penales”, ya fuera considerando la operación como una concesión de sunvención o como la celebración de un contrato de prestación de servicios.
La Revuelta incide en su denuncia en ciertos aspectos “pintorescos” y cargados de “turbiedad”, como la cláusula de confidencialidad que incluye o el hecho de que ese contrato de publicidad supere “los precios del mercado de forma burda”, remitiéndose a otros escándalos como los de Fitur o los ERE.
Hace especial hincapié en que ningún órgano competente de Emasesa acuerda expresamente este contrato, a pesar de que sí lo firma el presidente del consejo de administración y que no se cumplen ninguno de los preceptos que regulan la contratación pública, como la concurrencia o la publicidad.
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