El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, aseguró ayer a VIVA sobre su imputación que "dentro de las potestades que tiene el alcalde está el orden del pleno y que se desarrolle dentro de la normalidad democrática. Cuando hay un desorden, insultos y problemas para que los concejales puedan desarrollar su labor, tengo esa potestad".
Ante las últimas declaraciones del alcalde de San Roque a VIVA, desde la Asociación Defensa Ciudadana Activa condenan sus declaraciones sobre la supuesta “persecución” a la que es sometido. "Quizás debería recordar que es él quien abre expedientes sancionadores a Policías Locales simplemente por expresar su opinión en Facebook u otras redes sociales, y luego nos cuesta a todos los vecinos pagar las costas de sus desaires. Quien tiene el poder para perseguir, juzgar y condenar sin más trámite a los empleados municipales es él, y no al contrario, por lo que cualquier otra persecución solo puede existir en su imaginación", indican en una nota.
Esgrimen que si Juan Carlos Ruiz Boix reconociera "el legítimo derecho de los ciudadanos a grabar los actos públicos la Audiencia Provincial no le hubiera rechazado su recurso y mantuviera la imputación. Sin embargo ahora sale a prensa con las mismas excusas que no han sido aceptadas por los jueces, y es que el video de lo ocurrido es más que evidente: La alteración del orden no la provoca el ciudadano al grabar el pleno, si no el Alcalde al expulsarle de modo selectivo generando las protestas del público asistente".
Ratificacón de la Audiencia Provincial
DCA recuerda que las calificaciones de la imputación, por presunta prevaricación y coacciones, no se realizan mediante querella, si no que provienen de ratificación por parte de la Audiencia Provincial.
Desde Defensa Ciudadana Activa se rechazan frontalmente este tipo de actitudes, "que siguen la línea censora que ya hemos comprobado respecto a la participación ciudadana, llegando incluso a negar por Decreto simples solicitudes de cita con la Alcaldía, probablemente por haber sido incluidos en su lista negra particular, parte del “apartheid político” que este Alcalde se esfuerza en mantener".
Defienden que "un verdadero alcalde debe actuar del mismo modo con todos los ciudadanos, respetando la legalidad vigente y sus derechos, en lugar de obligarles a recurrir una tras otra sus arbitrarias decisiones a sabiendas de que el coste lo tendrán que asumir igualmente los ciudadanos".
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