La asociaciones WWF y Ecologista en Acción piden a la Junta de Andalucía que "no reabra" la mina de Aznalcóllar (Sevilla), cuando se cumplen 17 años del mayor vertido tóxico de la historia de España, ocurrido en esta explotación minera el 25 de abril de 1998 por la rotura de un muro de contención de una balsa de decantación.
En un comunicado, WWF apunta que 17 años después, la Junta parece haber olvidado una catástrofe que afectó al río Guadiamar desde Aznalcóllar hasta la marisma de Entremuros en el Espacio Natural de Doñana y pretende reabrir la mina de Aznalcóllar --reapertura adjudicada al Grupo México-Minorbis--, lo que, a juicio de la organización, demuestra la "escasa sensibilidad ambiental" de la Administración andaluza.
El Guadiamar y Doñana --ambos espacios naturales protegidos-- requieren de unos caudales adecuados y libres de contaminación para la conservación de sus ecosistemas, por lo que WWF señala que llevará a cabo las acciones necesarias para que "no se utilice el agua de este río en la explotación minera ni se permitan vertidos desde la mina al mismo".
Además, pese a las declaraciones de la Junta acerca de las garantías del nuevo proyecto y las exigencias a la empresa ganadora del concurso minero, WWF se muestra "seriamente preocupada" por la gestión de los residuos y las aguas contaminadas que dejó Bolidén Apirsa S.A, los cuales "se pondrán en manos de una empresa que trae un historial contaminante".
Asimismo, WWF recuerda que la posibilidad de una catástrofe minera en Aznalcóllar "fue negada" por la Junta en los años previos pese a las denuncias de colectivos como Ecologistas en Acción y expertos, incluso algún técnico que había trabajado en la propia mina.
"La realidad demostró el error en el que se encontraba la Administración andaluza y el coste ambiental y económico para los ciudadanos fue enorme", lamenta la organización ecologista, que critica que pese a ello "no hubo culpables, ni políticos ni en los juzgados". Además, la empresa Boliden "se fue sin pagar los cientos de millones que ha costado a los andaluces y europeos la limpieza del vertido y la recuperación del Guadiamar y Doñana".
La responsable del Programa de Aguas y Agricultura de WWF, Eva Hernández, señala que para WWF la salud del Guadiamar "es clave para el futuro de Doñana y la recuperación de áreas de marismas hoy día antropizadas, por lo que exigimos que este río traiga un caudal suficiente y con calidad". "WWF reclama a la Junta que recuerde lo ocurrido en 1998 y abandone el proyecto de reapertura de Aznalcóllar por sus riesgos para los ecosistemas del Guadiamar y Doñana", concluye.
Por su parte, Ecologistas en Acción asegura que 17 años más tarde del desastre destacan dos hitos en torno a este espacio de desigual cariz, la reapertura de la mina y la declaración del Corredor Verde como Zona de Especial Protección (ZEC) que "demuestran a las claras que seguimos cayendo en los mismos errores del pasado, errores que vienen condicionando a Doñana desde su declaración como Parque Nacional y que han determinado que se arrastren males de difícil solución de forma crónica".
Así, apunta que la declaración del Guadiamar como ZEC "está empañada" por la reapertura de la mina. "Nuevamente habrá que sufrir la presencia de un complejo tóxico en la cabecera del río que en función de cómo fluctúe la bolsa de minerales dispondrá de más o menos recursos para dedicarlo a la salvaguarda ambiental", con una Administración que "debía velar por el cumplimiento de la legalidad pero que ha demostrado en multitud de ocasiones que antepone otros muchos intereses a los medioambientales", lamenta.
LA JUNTA "NO HA CONSEGUIDO" QUE BOLIDEN "PONGA UN EURO"
Este año se ha declarado la ZEC Corredor Verde del Guadimar que, con todas sus limitaciones, culminaría la reconversión de la zona afectada por el desastre minero en un nuevo Espacio Protegido englobado en la Red Natura 2000. Pero, lamenta, esta declaración "se ve frustrada por la reapertura de una mina que durante 17 años nos ha costado un pico a los contribuyentes para contener de mala manera la toxicidad que las instalaciones mineras seguían soltando y sin que la Junta haya conseguido que Boliden ponga un euro".
"Y todo para que ahora una empresa privada venga a hacer lo de siempre, explotar los beneficios que pueda rendir lo que quede de mineral y salir pitando cuando las cuentas no le salgan, siempre con los empleos puestos sobre la mesa como moneda de cambio", asegura. En este sentido, ha destacado que la empresa adjudicataria "tiene un historial preocupante con varios vertidos contaminantes en minas mejicanas, destacando el que acabó en el río Sonora y que a día de hoy se sigue produciendo como se recoge en la prensa mejicana".
Por último, Ecologista en Acción denuncia que el proyecto minero de Aznalcóllar "cuenta con el asesoramiento de la Fundación Migres, de la que forma parte como patrono la propia Junta y cuyo presidente Miguel Ferrer encabezó en su día la protesta contra el vertido como director de la Estación Biológica de Doñana y que hoy es coordinador del CSIC en Andalucía".
Para la asociación esta participación "es al menos sospechosa por un doble motivo, la Junta actúa como juez y parte al ser quien concede el derecho de explotación y se ve recompensada indirectamente como patrono de una fundación contratada por la empresa adjudicataria; y en segundo lugar, Miguel Ferrer incurriría en una clara incompatibilidad al ser representante del CSIC con lo que se estaría dando el aval de este organismo público a las actuaciones de una empresa privada", concluye.
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