El Grupo de Afectados por las Hipotecas de Unicaja ha calculado en más de 200 millones de euros el cobro indebido que ha estado realizando la entidad en los préstamos hipotecarios y que afecta a más de cien mil clientes. La Justicia ha estimado la petición presentada por el colectivo y ha obligado a Unicaja a determinar quienes son los afectados, primera diligencia a la que la entidad se ha negado y que los volverá a llevar ante los tribunales el próximo 9 de abril.
El auto del juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga, al que ha tenido acceso este periódico,está fechado en septiembre de 2014, y según la plataforma es firme pero la entidad que preside Braulio Medel no ha hecho efectiva la primera de las diligencias acordadas, que obliga a Unicaja a ofrecer toda la información para “determinar los integrantes del grupo de consumidores afectados por la utilización del Método 365/360 del cálculo de intereses”.
El juzgado consideraba la medida preliminar que obligaba a Unicaja a ofrecer toda la información sobre los afectados por esta supuesta “macroestafa hipotecaria” denunciada, como “adecuada a la finalidad pretendida y concurrir justa causa e interés legítimo” de los solicitantes.
Este método aritmético altera la duración del año para aumentar el importe de las cuotas de los préstamos hipotecarios -tengan o no cláusula suelo-, elevando de forma abusiva las cuotas mensuales, con un promedio de prejuicio de unos 2.000 euros. Según la plataforma, los afectados suponen más de cien mil clientes y la cifra que habría cobrado indebidamente la entidad a los consumidores, ronda los 200 millones.
Según explicó Miguel Ángel Andrés Llamas, portavoz y letrado del grupo de afectados, “Unicaja se está retratando, primero manipulando la fórmula aritmética, después negando la mayor y ahora retrasando el procedimiento sin alegar ni una sola razón”. De hecho, será esta dilación la que los llevará otra vez ante los tribunales el 9 de abril.
Unicaja: el auto no es firme
Fuentes de Unicaja han puntualizado que el auto “no es firme” y que será el juez, el 9 de abril, el que “desestime o no” la petición de la plataforma. “No hay decisión judicial aún”, aseguran.
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