La Fiscalía pidió ayer a la juez una sentencia “condenatoria” y “ejemplar” para la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, a la que se refirió como “la cabeza pensante” del ‘caso PTA’ que juzga desde hace tres semanas la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de concesión de una subvención municipal de 244.000 euros a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria, TISA. Un importe a descontar del precio final del suelo (el 40% del total) para instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) durante su mandato (2005-2011) y construir una planta para fabricar generadores de oxígeno.
En la exposición de sus conclusiones finales, el fiscal, que mantiene todas las acusaciones para los siete procesados y, por tanto, los siete años de prisión para Sánchez, aseguró que el capataz agrícola Salvador. R. y los exdelegados de Fomento, Francisco Lebrero, y Medio Rural, Carmen Martínez, que se sientan en el banquillo de los acusados actuaron como sus “brazos ejecutores”.
Antes de entrar en materia, el representante del Ministerio Público se refirió a la “multitud de procedimientos” anteriores en los que Sánchez llegó a estar imputada. En concreto, citó el ‘caso asesores (II)’ o el de los Huertos de Ocio, en los que la Fiscalía no siguió adelante con la acusación contra ella en la fase instrucción tras pedir el sobreseimineto. Unas circunstancias que, a la vista del fiscal, nada tiene que ver con el caso que nos ocupa y que hoy jueves quedará visto para sentencia. “Aquí es la principal responsable de todo lo que ha ocurrido”, señaló.
Eso sí, a la hora de acreditar los hechos, considera que las pruebas documentales practicadas y la fase de instrucción del caso han arrojado más luz que los testimonios que se han oído en la sala. Y es que, en su opinión, “salvando algunas pruebas testificales” los testigos citados -mayoritariamente personal del Consistorio jerezano- han realizado sus declaraciones “con temor y con miedo” llegando a “temblar algunos”. Un comportamiento que, a su juicio, pone de manifiesto las “presiones” sufridas durante el procedimiento.
Sea como fuere, el fiscal se mostró implacable con Sánchez, a la que acusa de participar en todo el proceso “de forma activa” y saltándose toda normativa “a la torera” “presionando” a técnicos municipales. El Ministerio Público cree también probado que fue la exalcaldesa la que pidió al entonces director del Departamento de Medio Rural, Jesús Parra, que “diese cariño a TISA” dándole instrucciones” tras las cuales este trabajador reconsideró la solicitud de esta empresa pese a que inicialmente sostuvo en sus primeras valoraciones que dicha sociedad “no encajaba en el PTA”. “¡Qué casualidad!”, llegó a advertir ayer.
“Continuas presiones”
Fruto de la “injerencia” de la exalcaldesa, agregó en su intervención, fueron también las “continuas presiones”, que recibió Parra para elaborar un segundo informe que justificara la máxima puntuación para TISA (14 puntos) y a lo que él se opuso. Esto provocó -prosiguió el fiscal- que este trabajador remitiera por correo electrónico un “borrador” al Gabinete de Presidencia de Alcaldía, cargo que ostentaba el marido de Sánchez, que nunca firmó y que luego “fue modificado” para “ser confeccionado de nuevo” en el despacho de Alcaldía por parte de Sánchez junto a Martínez de manera que se favoreciera a esta sociedad. Por todo ello, el fiscal ha mantenido todas sus penas para Sánchez al considerarla autora “material” de un delito de prevaricación por saltarse de “manera grotesca” “toda la normativa” y “con una arbitrariedad absoluta”, además de autora “inmediata” de un delito de falsedad documental y de malversación de caudales públicos “por conceder una subvención a la que la empresa no tenía derecho” y por los consiguientes “perjuicios” a las arcas municipales de un Ayuntamiento “en la ruina”.
Mantiene también los delitos de fraude en la administración pública contra Sánchez y el resto de procesados por “concertarse con los empresarios” para “bajarle el precio del suelo”.
Se complican también las cosas para Martínez, para la que pide 5 años y medio de prisión y que ayer se pasó la mayor parte del juicio llorando. “Independientemente de que fuera peluquera, le dio un informe de valoración a un capataz para que lo firmara”, llegó a decir el representante del Ministerio Público, que recalcó las competencias de su área para emitir los informes de valoración para la instalación de las empresas en el PTA.
“No tiene escapatoria”, dijo para referirse al papel de Martínez. “Aunque estaba cumpliendo órdenes” (de Sánchez y Lebrero) sabía “perfectamente” a quien tenía a su cargo cuando le pidió a un capataz agrícola –también procesado- y “sin capacidad” que firmara el documento final que daba la máxima puntuación a TISA”, indicó.
También le atribuye en sus calificaciones el Ministerio Público la autoría “como cooperadora necesaria” de un delito de falsedad, “inmediata” o “inductora” y de prevaricación por sino confeccionar un nuevo documento más favorable a TISA a raíz del borrador elaborado por el director de su departamento en Alcaldía, “crear intención de que se debía firmar” (por el capataz).
Resaltó también el fiscal la “intervención” de Lebrero (que ayer sufrió un nuevo desvanecimiento), para el que pide 4 años y medio, ya que entiende como vicepresidente del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) estaba al tanto de las ayudas municipales que se concedían. Todo ello al margen de que él negara conocer el procedimiento y que tomara decisiones, achacando este papel a los técnicos. “Se contradicen todos”, aseguró en este punto.
Sobre el capataz que firmó el informe “tras sufrir una encerrona” y para el que pide dos años y tres meses de prisión advirtió que “estaba condenado antes de entrar” porque “sabía que no podía firmar un documento de concesión de subvención pública”. Respecto a los tres administradores de TISA, para los que solicita cuatro años y medio de cárcel, considera que eran conscientes de “cómo se cocía el proceso”.
La defensa de Sánchez confía en que prime la “lógica”
“Si un expediente como el de TISA se considera prevaricación, más vale que manden a la Guardia Civil a todos los ayuntamientos de España”. Son palabras del abogado que ejerce la defensa de Sánchez, Juan Pedro Cosano, que ayer pidió una sentencia “favorable” a su patrocinada y que prime la “lógica”.
Sobre el delito de mayor envergadura, el de malversación de los caudales públicos, insistió en que en ningún momento del proceso “hubo flujo monetario”, lo cual es “esencial” para esta inculpación. Tras reiterar que “ningún testigo” ha dicho en la vista que Sánchez le “presionara”, recordó que la exalcaldesa sólo intervino para la firma del expediente de las ayudas.
También habló del controvertido informe final. “¿No es más creíble que para quitarse el marrón este técnico justificara los 14 puntos y no hiciera lo contrario a lo que le pedían?”
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