El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha cifrado en 67,7 millones de euros la anulidad correspondiente al ejercicio 2014 para la compensación a los promotores de tres centrales cuya construcción quedó paralizada en 1984 por la moratoria nuclear.
Esta cifra, que aparece recogida en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el BOE de este miércoles, es apenas un millón de euros superior a los 66,7 millones previstos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en las liquidaciones mensuales del sector eléctrico de 2014.
La resolución indica además que aún existe un importe pendiente de compensación de 184 millones para las tres centrales nucleares suspendidas, a razón de 96 millones para la de Lemóniz, 85 millones para la de Valdecaballeros y un millón para Trillo II.
Este importe pendiente de compensación difiere de los 35,7 millones de euros que, según el escenario de costes e ingresos de la CNMC para 2015, deben ser abonados durante 2015 por los consumidores de electricidad para acabar de pagar la moratoria.
El informe del regulador indica que los consumidores dejarán de pagar el próximo 26 de octubre la moratoria nuclear, cuyo importe total ha ascendido a 4.383 millones de euros.
Esta compensación se pagó de una sola vez a cuatro empresas, que son Endesa, su filial Sevillana de Electricidad, Unión Fenosa (ahora Gas Natural Fenosa) e Iberdrola, y se distribuyó a razón de 2.273 millones para Lemóniz, 2.043 millones para Valdecaballeros y 66 millones para Trillo II.
El pago de la compensación fue asumido por el fondo de titulización de la moratoria nuclear, creado en 1996, con el objeto de que la cifra total quedara sufragada a través de la tarifa eléctrica durante 25 años a partir de 1995, esto es, hasta 2020, mediante un porcentaje inferior al 3,54%.
Posteriormente, los gestores del fondo certificaron que el ritmo de amortización había sido más rápido que el inicialmente previsto y fijaron para 2015 el vencimiento final de la deuda.
Ante esta circunstancia, en abril de 2006 entró en vigor un real decreto que fijó en el 0,33% el porcentaje de la tarifa eléctrica con destino específico para la moratoria y que situó en 2015 la amortización final de la deuda eléctrica.
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