La Consejería de Fomento y Vivienda ha atendido la petición de ayuda hecha por una familia de Cartaya con tres niños de 1, 7 y 10 años que debía abandonar su casa por pesar sobre ella una orden de desahucio, y les ha concedido una vivienda en régimen de alquiler en el pueblo.
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ayamonte paralizó el pasado 14 de octubre el desahucio de esta familia hasta este miércoles, 26 de noviembre, a las 11.30 horas, a la espera de que se pudiera encontrar alguna solución para la situación de esa familia.
Una solución que ha llegado, según ha informado Miguel Ángel Gea, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento cartayero en un comunicado, gracias a la medida adoptada por la Consejería, que "evita que esa familia se quede en la calle".
Según ha resaltado Gea "el realojo es fruto de la vía de diálogo abierta por la asamblea local de Izquierda Unida de Cartaya con la Delegación Territorial de Fomento en Huelva hace más de un mes, cuando se tenía que haber ejecutado el desalojo".
El desalojo fue aplazado hasta este miércoles pero, coincidiendo con la concesión de la vivienda por parte de Fomento, el juez volvió ayer a aplazar la ejecución del mismo hasta el próximo 21 de enero.
La asamblea local de Izquierda Unida de Cartaya ha expresado su satisfacción por la solución alcanzada tanto a la familia como a la Delegación Territorial de Fomento y al abogado de oficio que la ha representado.
“PASIVIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL”
IU ha lamentado "la pasividad en este caso del Gobierno municipal y del alcalde de Cartaya, Juan Polo, que han incumplido los acuerdos del pleno del Ayuntamiento que les obligan a dar apoyo y cobertura a las personas en riesgo de perder su vivienda debido al deterioro de su situación socioeconómica".
Esta familia entró en la vivienda en la que ahora residen, y de la que los van a echar, ubicada en la calle Clara Campoamor de la localidad cartayera, con un contrato de alquiler de un año firmado con la promotora Proalmenara, que establecía que tras la renovación del mismo y una vez transcurridos dos años, los arrendatarios adquirían el derecho a opción de compra de la vivienda.
Cuando transcurrido el primer año de alquiler fueron a renovar el contrato, la promotora les informó de que eso no era posible porque la vivienda estaba embargada, no obstante siguieron pagando el alquiler varios meses, hasta que la falta de ingresos debido a su situación de paro le obligó a suspender el pago.
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