El fiscal jefe de Jaén, Carlos Rueda, ha solicitado que se incoen diligencias previas para investigar si el alcalde de La Guardia, Juan Morillo (PP), y los cinco concejales 'populares' en dicho Ayuntamiento han cometido un posible delito de malversación de caudales públicos mediante el cobro de una serie de dietas entre los años 2007 y 2013.
Así lo ha resuelto el fiscal en un decreto fechado el pasado martes en el que remite al Juzgado Decano de Jaén una denuncia presentada por el portavoz del partido Urbanizaciones Unidas de La Guardia (UUG), Luis Salazar, contra el alcalde y los cinco ediles del Grupo Popular --Rosario Alcántara, Isabel Contreras, José Luis García, Ángel Jesús Morillo y Josefa Martínez-- por "estar percibiendo dietas y gastos de locomoción desde 2007 de forma irregular (...), habiendo percibido desde 2007 a 2013 la cantidad total de 80.574,86 euros".
En dicho decreto, consultado por Europa Press y recogido este viernes por el diario 'Ideal', la Fiscalía interesa además que el juzgado cite a declarar como imputados tanto al alcalde como a los mencionados concejales del PP, y en calidad de testigos al denunciante --el portavoz de UUG-- y al interventor del Ayuntamiento.
El fiscal detalla que de la documentación aportada con la denuncia y de la remitida por el Consistorio "se desprende" que el alcalde y los concejales del PP, "mediante la presentación de un escrito en el que hacen una relación de los viajes oficiales realizados para resolver asuntos propios de su Concejalía perciben del Ayuntamiento, además de los gastos de locomoción caso de utilizar vehículo propio, media dieta sin que en ninguna de las relaciones de viajes realizados, generalmente a Jaén o municipios cercanos (...), conste hora de salida del municipio de La Guardia y de regreso al mismo que acredite que la gestión realizada ha finalizado después de las 16 horas tal y como exige el artículo 12 del RD 462/2002", sobre indemnizaciones por razón del servicio.
En concreto, el Ministerio Público precisa que dicho artículo establece como "criterios para el devengo y cálculo de las dietas" el que "en las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en general no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni de manutención salvo cuando, teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie entre las 14 horas y finalice después de las 16 horas, supuesto en que se percibirá el 50 por 100 del importe de la dieta por manutención".
El fiscal entiende que dichas disposiciones "son de aplicación igualmente a los miembros de las Corporaciones Locales", y constata que en "las relaciones de viajes oficiales realizadas por los miembros del Ayuntamiento de La Guardia denunciados (...) en ningún caso está justificado el cobro de la media dieta".
Así, señala que aunque "no se hace constar nunca la hora de finalización de la gestión encomendada (...), las gestiones que en ellas se relacionan se han desarrollado en algunos casos en organismos públicos o en entidades crediticias, en las que su horario de atención al público es sólo por la mañana y en otros en asistencia a inauguraciones, presentaciones, encuentros, jornadas, reuniones, etc., que es fácil comprobar que se han celebrado sólo en horario de mañana o de tarde, por lo que siendo La Guardia un municipio muy próximo a Jaén no resulta acreditado el requisito para percibir el importe de media dieta de haber finalizado después de las 16 horas".
De esta manera, el fiscal concluye que "de la documentación aportada aparece indiciariamente acreditado que el alcalde de La Guardia y los concejales del Grupo Popular han venido reclamando y percibiendo indebidamente del Ayuntamiento y con cargo a sus presupuestos durante los años 2007 a 2013, determinadas cantidades de dinero en concepto de media dieta sin que hubiera derecho a ello al no justificarse en ningún caso que las gestiones por ellos realizadas cumplieran con los requisitos exigidos por el artículo 12 del RD 462/2002 para su percepción".
SUPUESTO CASO DE PREVARICACIÓN
Por otro lado, el fiscal jefe de Jaén también ha acordado remitir al Juzgado Decano esta semana otra denuncia interpuesta por UUG, esta vez a propósito del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2012 con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y el rechazo de los dos concejales de la formación denunciante en el que se fijaba en un euro la cuantía de la asignación a recibir por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados por parte de los concejales que "no tienen dedicación exclusiva ni parcial".
Dicho acuerdo se adoptó, según expone la Fiscalía en su decreto, fechado el pasado lunes, tras un requerimiento previo de la Subdelegación del Gobierno y después de que la Diputación Provincial hubiese emitido un escrito el 11 de febrero de 2013 en el que se consideraba "nulo de pleno derecho" un acuerdo aprobado por el Pleno en julio de 2012 en el que "se suprimió la asignación a los concejales que no tenían dedicación plena ni exclusiva", que hasta entonces era de 50 euros.
El Ministerio Público considera que estos hechos "pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa", ya que la finalidad de dicho acuerdo de Pleno "no es otra que la de no fijar asignación económica a los concejales de la oposición que carecen de dedicación exclusiva ni parcial, pues la cantidad de un euro fijada es sin lugar a dudas una cantidad inadecuada, que incumple de manera palmaria el artículo 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, que establece el derecho a una compensación financiera adecuada".
Además, sostiene el fiscal que esa cantidad "no se justifica con una política de recortes ni de austeridad en el gasto público, en tanto que no hay otra partida económica que haya sufrido tan drástica reducción", por todo lo cual considera que el acuerdo de Pleno de diciembre de 2012 "ocasiona un resultado materialmente injusto a los concejales de la oposición" y "se toma con la única finalidad de hacer valer su voluntad plasmada en el anterior Pleno de julio de 2012, pese a que era conocida la ilegalidad del mismo, y por lo tanto se toma a sabiendas de su injusticia".
Así, las cosas, el fiscal jefe ha resuelto remitir la denuncia de UUG al Juzgado Decano para que "se incoen las correspondientes diligencias previas penales para la investigación de los hechos por si los mismos fueran constitutivos de un delito de prevaricación administrativa", para lo que interesa que se cite a declarar como imputados al alcalde y los cinco concejales del PP antes mencionados, y como testigos al denunciante y a la portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio.
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