Andalucía

La Junta mantiene procesos sancionadores a ocho entidades y Sareb por 22,8 millones por incumplir función social en VPO

Ha explicado que el pasado 2 de junio, en su escrito de alegaciones por un segundo procedimiento sancionador --ya resuelto con una sanción de 120.000 euros--, la Sareb informaba de que \"no posee 911 viviendas protegidas, sino 98, aportando datos registrales de cada una de ellas\"

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  • CORTÉS -

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía mantiene abiertos procedimientos sancionadores a ocho entidades financieras y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por un total de 22,8 millones de euros por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas.

   Fuentes de la Consejería han apuntado que de este montante, 11,7 millones corresponden a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), mientras que 11,1 millones corresponden a Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Servihabitat, Anida Operaciones Singulares, Unión de Créditos Inmobiliarios y Building Center.

   En cuanto a la Sareb, la Consejería ha recordado que envió a esta entidad en febrero un requerimiento informativo acerca de las viviendas protegidas que aseguraba poseer en Andalucía en el informe anexo al recurso del Gobierno central presentado ante el Tribunal Constitucional el pasado 18 de diciembre contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, un total de 911.

   Ha explicado que el pasado 2 de junio, en su escrito de alegaciones por un segundo procedimiento sancionador --ya resuelto con una sanción de 120.000 euros--, la Sareb informaba de que "no posee 911 viviendas protegidas, sino 98, aportando datos registrales de cada una de ellas".

   La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de sus delegaciones territoriales, está comprobando si dichas 98 viviendas se encuentran a disposición de los registros municipales de demandantes correspondientes.

   Ha precisado que, en caso de que una o más de estas viviendas no hayan sido reglamentariamente puestas a disposición de dichos registros, la Consejería "abrirá un expediente de sanción muy grave por cada uno de los inmuebles por incumplimiento del artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de dichos registros". Asimismo, ha recordado que la sanción máxima es de 120.000 euros por vivienda.

   Por otro lado, en cuanto a las ocho entidades financieras, la Consejería ha recordado que abrió sendos expedientes entre los meses de febrero y abril de 2014, una vez hubo examinado los listados de viviendas protegidas remitidas por cada una de ellas.

   Ha indicado que en este caso los expedientes se abrieron por incumplimiento del artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, en un total de 185 casos (viviendas). La posible sanción por cada vivienda es de 60.000 euros, con las variaciones que pueda haber en función de las alegaciones, actualmente en evaluación.

   La Junta ha precisado que las entidades financieras expedientadas son
Banco Popular (97 VPO y una posible sanción de 5,82 millones); BBVA (con 27 viviendas y una posible sancion de 1,94 millones); Building Center, con 26 VPO y una posible sanción de 1,56 millones; Unión de Créditos Inmobiliarios, con 13 VPO y una posible sanción de 780.000 euros; Banco Santander, con 11 viviendas y una posible sanción de 660.000 euros; Servihabitat, con seis VPO y una posible sanción de 360.000 euros; Banco Sabadell, con tres VPO y una posible sanción de 180.000 euros; y Anida, con dos y una posible sanción de 120.000 euros.

   Las fuentes han precisado que este procedimiento "está más avanzado, ya que parte de las comprobaciones ya realizadas a través de las delegaciones territoriales de la Consejería, que han acreditado que estas 185 VPO no aparecían en los correspondientes registros".

   Apunta que, no obstante, las entidades financieras han presentado alegaciones, que están actualmente siendo evaluadas. Las alegaciones pueden ser admitidas o rechazadas en su totalidad o parcialmente, condicionando con ello la cuantía de las sanciones.

   La Consejería ha explicado que la cuantía por la que se han abierto los expedientes es de 60.000 euros por cada vivienda. La previsión de la Consejería es cerrar los expedientes con una resolución antes de final de año.

DATOS PROVINCIALES

   Asimismo, analizando por provincias, de las 98 VPO de la Sareb, siete se hallan en la provincia de Almería, seis en la provincia de Cádiz, cuatro en la provincia de Córdoba, seis en la provincia de Granada, dos  en la provincia de Huelva, 41 en la provincia de Jaén, 21 en la provincia de Málaga y 11 en la provincia de Sevilla.

   De las 185 VPO de las entidades financieras, 22 se encuentran en la provincia de Almería, 30 en la provincia de Cádiz, 22 en la provincia de Córdoba, 20 en la provincia de Granada, 14 en la provincia de Huelva, 17 en la provincia de Jaén, 17 en la provincia de Málaga y 43 en la provincia de Sevilla.

   De esta forma, del total de las viviendas, 29 se hallan en la provincia de Almería, 36 en la provincia de Cádiz, 26 en la provincia de Córdoba, 26 en la provincia de Granada, 16 en la provincia de Huelva, 58 en la provincia de Jaén, 38 en la provincia de Málaga y 54 en la provincia de Sevilla.

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