Los bancos que operan en Cataluña han decidido no pagar de entrada el impuesto sobre los depósitos bancarios creado por la Generalitat, sino que han presentado un aval por la cantidad que les correspondería abonar a la espera de que se resuelvan los recursos que han formalizado que prevén presentar.
Precisamente este lunes acaba el plazo dado por la Generalitat a los bancos para autoliquidar ante la Agencia Tributaria de Cataluña el importe de este impuesto correspondiente a 2013, y fuentes financieras han explicado a Efe que las grandes entidades han optado por la misma solución.
Las principales entidades financieras catalanas han ejercido las correspondientes acciones legales con el fin de oponerse a este impuesto y, en paralelo, han aportado una garantía de pago por si finalmente el recurso no se resolviera de acuerdo con sus intereses.
Solicitar un aplazamiento del pago del impuesto hasta que se resuelva el conflicto competencial abierto por este impuesto entre el Gobierno y la Generalitat o bien rectificar su declaración sobre el impuesto son algunas de las soluciones adoptadas por la banca en defensa de sus intereses, unas fórmulas que ya se han aplicado en otras comunidades que también tienen este gravamen, según recuerdan otras fuentes del sector.
Por su parte, fuentes de la Generalitat han asegurado que todavía no disponen de los datos oficiales sobre las gestiones de la banca ante la Agencia Tributaria de Cataluña, puesto que el plazo expira mañana, si bien el gobierno catalán ya daba por supuesto hace semanas que el sector bancario actuaría de esta manera, ya que incumplir la ley catalana le acarrearía sanciones.
El pasado 23 de septiembre la Generalitat aprobó el reglamento del impuesto sobre los depósitos bancarios, una maniobra con la que el gobierno catalán, que mantiene abierto un conflicto por este impuesto con el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, trataba de anticiparse al Estado en su intento de cobrarlo.
La directora general de Tributos de la Generalitat, Elsa Artadi, admitió a finales de septiembre que la situación era "un poco caótica" porque la Generalitat y el Estado han creado un impuesto sobre el mismo hecho imponible, los depósitos bancarios, un argumento que también ha usado la banca para oponerse.
La última previsión de recaudación del gobierno catalán por este impuesto es de unos 670 millones de euros, lo que da cuenta de la importancia de este nuevo impuesto para las arcas de la Generalitat.
A pesar de ser consciente de que la banca no pagaría de entrada este impuesto, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, aseguró a principios de octubre que tenía intención de incluir en los presupuestos para 2015 ingresos por esta vía, ya que esperaba pactar una compensación del Gobierno.
En cualquier caso, la presentación de los presupuestos de 2015 está actualmente en el aire, dado que ERC no da su apoyo a las cuentas y reclama un anticipo electoral.
La ley por la cual se crea el impuesto catalán a los depósitos, aprobada por el Parlamento catalán en abril, precisa que si una entidad financiera ha captado depósitos por valor de hasta 150 millones de euros en Cataluña se le aplicará un gravamen del 0,3 %; de esta cantidad hasta los 600 millones, se aplicará el tipo del 0,4 %, y de los 600 millones en adelante, será del 0,5 %.
No obstante, las entidades afectadas, entre ellas CaixaBank, CatalunyaCaixa, BBVA o Sabadell, por citar a las principales, se pueden beneficiar de deducciones si tienen el domicilio fiscal en Cataluña, por el número de oficinas ubicadas en la comunidad, por otras cuestiones como la obra social o los recursos que hayan invertido en utilidad pública, interés social, ambiental o promoción económica.
Cataluña decidió crear ese impuesto por decreto a finales de 2012; el Gobierno reaccionó inmediatamente creando un impuesto estatal a tipo cero con el fin de cerrar la puerta a esa tasa en esta comunidad y en otras. A partir de ahí Cataluña aprobó su propia ley, en abril de este año.
El último movimiento del Gobierno se sitúa el pasado julio, cuando aprobó un decreto-ley que eleva el impuesto estatal que grava los depósitos bancarios del 0 al 0,03 %, muy inferior al fijado por la Generalitat, con el que el Ejecutivo prevé ingresar 375 millones en toda España, aunque promete ceder la mitad de la recaudación a las comunidades.
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