Andalucía

Saca adelante con rechazo de IU y abstención de PP la propuesta de regularizar viviendas alegales

El PSOE-A ha sacado adelante, con el rechazo de IULV-CA y la abstención del PP-A, una propuesta de resolución formulada en el Debate sobre el Estado de la Comunidad para instar al Consejo de Gobierno a que promueva una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA)

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El PSOE-A ha sacado adelante, con el rechazo de IULV-CA y la abstención del PP-A, una propuesta de resolución formulada en el Debate sobre el Estado de la Comunidad para instar al Consejo de Gobierno a que promueva una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA), que posibilite la regularización de las edificaciones ubicadas en parcelaciones urbanísticas, "para las que haya transcurrido el plazo para la restitución de la legalidad urbanística, posibilitando su permanencia, sin menoscabo de que se mantenga a dichas parcelaciones el régimen actual de restitución de la legalidad urbanística".

   IULV-CA se opone así a una de las propuestas que formuló este miércoles la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, donde aseguró que esta iniciativa tenía como objetivo de "dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la administración no puede dar la espalda" derivada de la existencia de "un importante número de edificaciones construidas, en suelo no urbanizable, y para las que ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística".

   Los 'populares' también habían presentado una propuesta de resolución en esta materia, --aunque rechazada por PSOE-A e IULV-CA--, en la que pedía instar a la Junta a "cambiar su política de enfrentamiento" con los municipios y agentes en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio por una de acuerdo y consenso, que permita desbloquear el urbanismo, y en especial, los Planes Generales de Ordenación Urbana, lograr soluciones definitivas a la problemática de las viviendas alegales, y revisar o derogar todas aquellas normas aprobadas en las últimas décadas que han obstaculizado el desarrollo económico y la generación de empleo en la Comunidad".

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