La Fiscalía y la acusación particular ejercida por Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos niños asesinados por su padre, José Bretón, en la capital cordobesa el 8 de octubre de 2011, impugnan el recurso de súplica presentado por la defensa del condenado contra el auto de ejecución de su sentencia con la pena de 40 años de prisión, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.
En concreto, fuentes del Ministerio Público han informado a Europa Press de que va a impugnar el recurso de súplica de la defensa, puesto que la Fiscalía defiende que se ejecute el dictamen judicial en este caso, que el Tribunal Supremo (TS) confirmó el pasado mes de julio.
Mientras, desde la acusación, la abogada María del Reposo Carrero, ha confirmado a Europa Press que ya ha presentado el escrito de impugnación y recuerda que dicho recurso "no va a paralizar para nada" la entrega de los restos óseos hallados en la hoguera de la finca familiar de Bretón en Las Quemadillas, en la capital cordobesa.
Al respecto, considera que la petición que contiene el recurso de la defensa es "ilegal", dado que Bretón "está cumpliendo condena y este tipo de solicitud se pide cuando el condenado no está en prisión", ha indicado, al tiempo que subraya que "el resto de la ejecutoria por Ministerio de la Ley exige su cumplimiento, así como la entrada en prisión, que en este caso ya está ejecutado y sólo se prorroga la situación de prisión", con lo cual defiende que "el recurso no puede prosperar, pero sí se hace daño".
Por su parte, desde el despacho de la defensa, representada por la abogada Bárbara Royo, se muestran "un poco cansados y decepcionados de escuchar que lo único que se pretende con las acciones jurídicas y legalmente establecidas para ejercer la defensa de un cliente es hacer daño a la parte contraria". Ante ello, resaltan que "lo primero que prima en cada proceso penal es el respeto y la educación de las partes".
En este sentido, declaran a Europa Press que la abogada defensora "siempre" ha mostrado "la más absoluta empatía y respeto por la otra parte, en este y cada proceso penal" en el que ejerce la defensa "con todas y cada una de las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a disposición", de manera que aclaran que es su trabajo y "no hacer daño a nadie"; al tiempo que apostillan que el hecho de que se diga que el recurso al Tribunal Constitucional (TC) va contra la Ley es "la barbaridad jurídica más insólita" que han escuchado.
EL RECURSO NO ES VINCULANTE
La defensa de José Bretón presentó la semana pasada el recurso de súplica contra el auto de ejecución de la sentencia que le condena a una pena de 40 años de prisión por asesinar a sus hijos, Ruth y José, de seis y dos años de edad. Desde el despacho de la abogada defensora informaron de que se ha recurrido ante la Audiencia Provincial la ejecución "hasta que se pronuncie sobre la suspensión el Tribunal Constitucional".
Cabe recordar que la defensa prevé recurrir a dicho órgano judicial en el mes de octubre, tras la sentencia del Supremo, que desestimó su recurso de casación. El recurso al TC se fundamentará en la "vulneración de derechos fundamentales" que supuestamente se ha producido contra Bretón.
También, señalan que el recurso de súplica se presenta "para que el amparo no pierda su finalidad, según la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ)", al tiempo que destacan que dicho recurso no es vinculante para la entrega de los restos óseos.
Así, en relación a dicha entrega a la madre de los niños, Ruth Ortiz, desde el despacho de la defensa informan de que no se van a pronunciar sobre la forma de entrega, después de que en el auto de ejecución se diera un plazo de dos días para que las partes pudieran alegar.
LOS RESTOS
En concreto, en el Registro Civil de Córdoba ya "está todo el proceso en marcha" en cuanto a poder recoger los restos óseos que fueron hallados en la hoguera de la finca familiar de Las Quemadillas y poder darles sepultura, aunque desde la familia prefieren guardar en la intimidad el resto del proceso.
Para ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba emitió el auto por el que ordena ejecutar la sentencia contra José Bretón, al tiempo que solicitó que se librara exhorto al Registro Civil de Córdoba para llevar a cabo la inscripción del fallecimiento de los dos niños.
Por otra parte, pidió que se destruya la mesa metálica que utilizó el condenado en los hechos ocurridos en la finca de Las Quemadillas, para incrementar la temperatura de la hoguera en la que calcinó los cuerpos de sus hijos, según quedó probado en el juicio.
Asimismo, la Audiencia ordenó que se entregue a la madre los juguetes de los menores que fueron utilizados durante la vista como piezas de convicción y que se pida a Bretón que abone el importe de la responsabilidad civil a la que fue condenado, con una indemnización de 500.000 euros para la madre de los pequeños; unos 137.335 euros para el Ministerio del Interior del Gobierno de España, y 22.567 euros para el Ayuntamiento, así como la multa de 2.700 euros que le fue impuesta.
Además, se instó a la prisión de Villena, en Alicante, donde se encuentra interno Bretón, a que comunique el momento en el que se le concedan permisos, para proceder a la liquidación de la prohibición de acercamiento a Ruth Ortiz, su hermano Estanislao y su madre Obdulia en un radio de un kilómetro y la prohibición de comunicación con ellos por cualquier medio durante 21 años por cada delito de asesinato.
Igualmente, requirió que se haga saber al Centro Penitenciario que deberá comunicar a la Policía Nacional de Huelva, ciudad de residencia de los perjudicados, el disfrute por parte del condenado de los mencionados permisos.
Cabe destacar que el Tribunal Supremo devolvió el caso de José Bretón a la Audiencia Provincial a finales del mes de agosto, después de que el juicio se celebrara en verano del año 2013, y el siguiente paso suponía "ejecutar la sentencia en todos los sentidos", según destacaron fuentes judiciales, y por ende los restos óseos que se encontraron en la hoguera sean entregados a la madre para darles sepultura, algo que se producirá tres años después de los hechos.
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