El dirigente del PP andaluz Rafael Carmona cree que los dictámenes de órganos de fiscalización y el auto de la juez Alaya "avalan" la postura de los populares en la comisión de investigación de los ERE, que el Parlamento andaluz creó hace ahora dos años, y "abochornan" al PSOE y a IU por su actuación.
"No sólo la juez Alaya nos ha dado la razón al sostener que estas ayudas eran nulas de pleno derecho, también la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los peritos consultados han determinado que era un procedimiento irregular", ha dicho a EFE.
Esta comisión de investigación, la primera que se constituía en el Parlamento andaluz en 17 años, fue reclamada durante meses por el PP y se creó finalmente al exigirlo IU como condición para su acuerdo de gobierno con el PSOE en Andalucía.
Tras meses de discusiones y aplazamientos, el 21 de agosto de 2012 comenzaron a declarar en el Parlamento una treintena de personas, entre ellas, el expresidente andaluz Manuel Chaves; su sucesor, José Antonio Griñán; media docena de exconsejeros y consejeros y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
Consumidos cinco meses de deliberaciones, la comisión concluyó sus trabajos sin consenso y las 196 conclusiones elaboradas por su presidente, el diputado de IU Ignacio García, no lograron la mayoría suficiente en el Pleno que la Cámara celebró el 28 de noviembre.
El PP elevó las responsabilidades por este "escándalo" hasta el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves, mientras que IU puso el listón en los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, y el PSOE sólo señaló al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero y al exinterventor de la Junta Manuel Gómez.
Dos años después de aquellas comparecencias, Carmona sostiene que la lectura de las conclusiones de esta comisión evidencian "el papel tan bochornoso que jugaron PSOE e IU" que contrapone a las posiciones defendidas por el PP "que siguen plenamente de actualidad y coinciden con la investigación de la juez y con los informes de la Cámara de Cuentas y de la Intervención General del Estado".
Este diputado autonómico, integrante de esta comisión de investigación y responsable del área económica del PP andaluz, también cree "demostrado" que el uso irregular de estas ayudas millonarias a empresas y prejubilaciones por ERE, consignadas en el presupuesto andaluz en la partida 3.1.L, "no fue una cuestión de tres o cuatro golfos, como defendía Chaves, sino una trama organizada por el Gobierno andaluz con fines políticos".
"Dos años después queda claro que llevábamos razón y que se trataba de una trama del poder para mantenerse en el poder", ha apostillado.
En su opinión, en estos dos años se ha pasado de exigir responsabilidades políticas en el Parlamento andaluz a que el Tribunal Supremo estudie "las responsabilidades penales de dos expresidentes y de siete consejeros de la Junta; hablamos de gobiernos enteros y no de cuatro golfos".
De la treintena de testimonios que escuchó en esta comisión de investigación, Carmona destaca ahora la del entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán quien, en su opinión, "no dijo la verdad".
"Es palmario que el señor Griñán aseguró que no tenía conocimiento de los informes de auditoría que advertían de irregularidades cuando precisamente estaban destinados a él; estoy absolutamente convencido de que no dijo la verdad de que no fue sincero", ha espetado.
También censura que el PSOE equiparase en sus conclusiones de esta comisión la responsabilidad del ex director general de Empleo, cuya gestión desaprobaron los propios socialistas y a quien su chófer acusó de malgastar fondos públicos en alcohol y cocaína, con la del ex interventor general de la Junta que alertó quince veces del uso incorrecto de estas partidas presupuestarias.
"Los socialistas querían endosarle la responsabilidad de este escándalo precisamente a quien avisó de las irregularidades; puede que los informes de auditoría se redacten con un lenguaje muy técnico, pero dejaron perfectamente claro que había múltiples anomalías", ha añadido.
Respecto al importe final de las cantidades presuntamente malgastadas, Carmona sostiene que Alaya las cifra en 850 millones por ser la cantidad presupuestada, pero opina que el montante final alcanzará los 1.500 millones de euros si se computa lo realmente gastado, incluyendo comisiones e intereses de demora.
"Hoy día se siguen pagando pólizas de prejubilaciones, muchas de ellas con intereses de demora y con comisiones que siguen aumentando el saldo final", ha concluido.
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