Andalucía

La Junta elimina 1,2 millones de expedientes judiciales antiguos y en septiembre expurgará otros 962.000

La Consejería de Justicia e Interior ha eliminado 1.274.521 expedientes judiciales antiguos con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los tribunales de Andalucía, según el acuerdo adoptado junto al TSJA para la destrucción selectiva

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  • De Llera -

La Consejería de Justicia e Interior ha eliminado 1.274.521 expedientes judiciales antiguos con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los tribunales de Andalucía, según el acuerdo adoptado junto al TSJA para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad, y el próximo mes de septiembre destruirá al menos otros 962.814.

   Durante una entrevista concedida a Europa Press, De Llera ha puesto destacado la gestión de los archivos judiciales que está llevando a cabo la Junta, pues "está probado que cualquiera que entre en una sede judicial empieza a ver que aquello está lleno de papeles por todos lados, ofreciendo una imagen terrorífica de la justicia".

   "Muchas veces, se trata de papeles que son inútiles y que no sirven para nada", motivo por el que su departamento, según ha indicado, ha desarrollado la llamada Junta de Expurgo, un órgano puesto en marcha por el Gobierno andaluz y el TSJA, a fin de clasificar esos documentos y guardar únicamente "los que tienen interés histórico, cultural o judicial", mientras que los demás "se destruyen".

   Ha añadido que ya han sido destruidos 1.274.521 expedientes en toda la región andaluza, mientras que en septiembre serán destruidos al menos otros 962.814, mientras que 440.230 expedientes están pendientes del certificado de conformidad de los secretarios judiciales correspondientes y otros 229.812 se encuentran en proceso de preparación para su envío a los secretarios judiciales para su certificado de conformidad.

   Así, la próxima Junta de Expurgo está prevista, inicialmente, para el 30 de septiembre, y el número de expedientes que se someta a su consideración será de 962.814 expedientes en la actualidad, pudiendo llegar hasta los 1.632.856 expedientes en función de los se reciban hasta la fecha de celebración de la Junta de Expurgo.

'JARA'

   A juicio del consejero, este proyecto "pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia, como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público".

   "No tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen ningún valor ni interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios", ha aseverado De Llera.

   Seguidamente, ha apostado por impulsar sistemas informáticos "que propicien una mejor gestión de los mismos, como la nueva aplicación Jara, que está dando muy buenos resultados en su implantación pionera en los juzgados de Sevilla y que permite una más fácil gestión de los documentos judiciales desde su producción inicial hasta su eliminación o conservación permanente final".

AHORRO MEDIOAMBIENTAL, DE COSTES Y DE TIEMPO

   El objetivo de la Junta de Expurgo es liberar espacio en los archivos y tribunales y profundizar al mismo tiempo en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún sentido conservar y avanzar en el camino hacia una Justicia sin digital y una Justicia sin papeles, lo que supondrá un ahorro de costes, medioambiental y de tiempo.

   La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

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