El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía escenificaron ayer la firma del acta de defunción del Plan Especial del Viñedo, una iniciativa promovida desde el Consistorio que ha chocado con diferentes aspectos jurídicos. La alcaldesa, María José García-Pelayo; y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández; presidieron un encuentro de carácter técnico y político para tratar de llevar a buen puerto la iniciativa.
Pero esa reunión no resultó especialmente fructífera y si acaso apenas sirvió para que el Ayuntamiento admitiese que existen “obstáculos insalvables” para desarrollar el proyecto en los términos en los que se había concebido. “Nos vamos a seguir reuniendo con la Junta, pero lo que salga de ahí no se va a parecer a lo que habíamos planteado”, apostilló García-Pelayo.
Justo antes, Fernández había reconocido que ambas administraciones deben “agudizar el ingenio” y “hacer cuantas relecturas sean necesarias en la ley” para buscar una solución que permita agilizar el desarrollo de iniciativas económicas en las viñas más allá de las propias del sector.
Entre otras cosas, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente instó al Ayuntamiento a desarrollar ordenanzas municipales con incentivos fiscales y reducción de plazos y trámites para la ejecución de estos proyectos. Además, recordó que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) contempla de forma amplia los usos complementarios vinculados al viñedo que pueden implantarse en suelos no urbanizables.
Con todo, García-Pelayo dejó entender que estas vías alternativas no dejarán de ser más que “un sucedáneo” de lo que se pretendía, toda vez que los agricultores que pretendan desarrollar actividades complementarias en las viñas -relacionadas siempre con el enoturismo- se verán obligados a presentar proyectos individualizados, con todo lo que ello supone desde el punto de vista burocrático.
Y esto es precisamente lo que se pretendía evitar con el Plan Especial del Viñedo, que hubiera permitido el desarrollo de esas actividades económicas sin necesidad de afrontar esos trámites.
No en vano, la propia alcaldesa reconoció que la aprobación de ordenanzas específicas o el desarrollo de otras iniciativas similares no dejarán de ser “una minucia” en comparación con el plan “ambicioso” que se pretendía poner en marcha. Al menos, el Gobierno local admitió que la negativa de la Junta estaba legalmente justificada.
La Junta ofrece otras herramientas
Los técnicos de la Junta incidieron en que la filosofía del Plan Especial ideado por el Ayuntamiento es acortar los plazos para impulsar el sector, unos objetivos que a su juicio se pueden abordar a través de ordenanzas municipales dentro del marco general de la ley.
Además, la Junta propuso que las actividades que contribuyan al mantenimiento del viñedo cuenten con incentivos fiscales y reducciones en los costes de tramitación de la implantación de las actividades, en aquellas tasas que son regulables a través de ordenanzas. El Gobierno valoró estas iniciativas, pero insistió en la idea de que no tendrán el mismo efecto que el plan.
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