Los tres grupos parlamentarios, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, han alcanzado un "acuerdo general" sobre el contenido del proyecto de Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, que se tramita en estos momentos en la Cámara andaluza.
Así lo ha indicado a Europa Press la portavoz de IULV-CA en la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Alba Doblas, quien ha explicado que el pasado martes se aprobó el informe de la ponencia de la citada normativa, tras cuatro horas y media de debate "bien aprovechadas", una ponencia "que es prácticamente un dictamen".
Según ha apuntado la parlamentaria, el texto del proyecto de ley ha sido mejorado incluyendo la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones, aunque muchas de ellas han sido transaccionadas. "Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión", ha destacado.
IULV-CA ha renunciado a varias de sus enmiendas registradas. Una de ellas por entender que suponía una "desautorización" del sistema médico. En concreto, se pedía que en procedimientos de asistencia a los transexuales no podrán incluirse terapias aversivas o que supongan un intento de anulación o menoscabo del derecho de autodeterminación de género.
También se ha renunciado a la disposición adicional que se demandaba, en relación a la creación de una unidad de seguimiento y evaluación de esta ley, que se reuniría periódicamente y contará con la participación de la Junta y de las organizaciones de transexuales. El grupo ha considerado que esta enmienda "no aportaba nada".
Entre las enmiendas que sí han salido adelante de IULV-CA, destacan que los medios públicos promuevan el conocimiento de la realidad transexual, o la creación de programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito educativo acciones discriminatorias por motivos de identidad de género.
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
En relación a las enmiendas del PSOE-A se ha aprobado suprimir tres artículos incluidos en el apartado de la ley que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales, con el objetivo de desarrollarlos en un reglamento que se aprobará con posterioridad, según ha indicado Doblas.
Si bien, continúa en el proyecto de ley el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole; y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.
Uno de los tres artículos suprimidos se refiere a que la administración quedará obligada a adoptar medidas administrativas y de cualquier índole para garantizar que en todos los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.
El segundo de ellos, recogía que cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género.
En el último, se incluía que la Comunidad habilitará los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para eliminar de los archivos y bases de datos de la Comunidad Autónoma toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga conocer su condición de persona transexual, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del Servicio Andaluz de Salud.
Finalmente, Alba ha explicado que las enmiendas del PP-A que han sido rechazadas son las relativas a "ampliar la cartera de servicios". Según ha manifestado, es inviable incrementar desde la Junta de Andalucía estos servicios, cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "no nos deja margen económico para ello".
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