El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha echado más tierra sobre el tranvía en expediente tramitado de oficio ante la inactividad del sistema tranviario de Jaén, casi tres años después de que concluyeran las obras. En el informe remitido al alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, el Defensor del Pueblo analiza la situación que ha conducido a que esta infraestructura, que costó alrededor de 120 millones de euros, no esté dando servicio a los ciudadanos de Jaén y tras recordar las cifras del estudio previo elaborado por la Junta de Andalucía, concluye, “con todas las cautelas” y a la vista de la información que dice poseer, que “los estudios previos carecieron del rigor exigible para evitar la consecuencia de que la importantísima inversión realizada en esta infraestructura se vea inutilizada y no adecuadamente rentabilizada en detrimento de la ciudadanía que deja de contar con un transporte eficaz y sostenible medioambientalmente para sus necesidades de movilidad”. Y añade: “Es necesario realizar una investigación seria y profunda para determinar si es viable economómicamente”.
Sin embargo, en las cinco páginas del informe del Defensor del Pueblo no se recoge una sola palabra sobre el carácter deficitario de todos los servicios de transporte público y sí de la difícil situación que atraviesa el Ayuntamiento de Jaén. Es más, cifra en 3’3 millones el déficit que tendría el tranvía anualmente, según los datos que aportó el Ayuntamiento de la auditoría realizada por Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, que nunca hizo pública el equipo de gobierno del PP. Sin embargo, tampoco recoge datos del presupuesto municipal ni de las prioridades del gasto del gobierno actual. Lo que sí deja claro es que “en el caso de reconocerse que los estudios previos a la ejecución del proyecto carecieron del rigor mínimo exigible, sean depuradas las responsabilidades a las que haya lugar ante el daño generado a las arcas municipales”. El Defensor del Pueblo Andaluz también se refiere al perjuicio ocasionado a los conductores que iban a ser contratados y concluye que mientras que se pone en funcionamiento, se busquen “usos alternativos”.
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