El Pleno de Diputación ha aprobado por unanimidad la intervención de la institución provincial en dos programas planteados para generar empleo. A iniciativa del grupo Popular ha aceptado solicitar a la Junta de Andalucía el diseño de un programa específico para la provincia de Cádiz basado en la creación de infraestructuras y equipamientos productivos. En rigor la Corporación ratificaba una propuesta que ya anticipó el presidente de Diputación, José Loaiza, antes de Semana Santa y que se ha solicitado formalmente a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a través de una carta.
En la sesión plenaria el responsable de Empleo en Diputación, Ignacio Romaní, ha defendido la necesidad de “cofinanciar este tipo de iniciativas” para que todas las instituciones se sientan responsables de sus resultados; al respecto, confía en que –al igual que asume Diputación- la administración autonómica aporte recursos propios y no se limite a trasvasar subvenciones procedentes de la Unión Europea. Romaní recordó que la institución provincial, pese a carecer de competencias para crear empleo, aplica –hasta el año 2015- el Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico, que agrupa un presupuesto de más de 85 millones de euros y que fue adoptado por la Confederación de Empresarios de Cádiz, UGT y Comisiones Obreras.
También se validó por unanimidad la propuesta de Izquierda Unida que reclama la participación de Diputación en la Iniciativa Territorial de Inversión (ITI) aprobada para la provincia de Cádiz. Este instrumento ha sido aprobado por la Unión Europea al Gobierno de España y en su financiación convergerán fondos europeos, estatales y autonómicos. Para el Estado español se han aprobado tres iniciativas de este tipo que estarán en vigor en el sexenio 2014-2020; una de ellas se dedicará a la provincia de Cádiz.
PP e IU coincidieron en dos propuestas sobre un mismo escenario: la finca Majarambú, en Castellar. Ambas iniciativas pretenden que en este enclave se puedan desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos, con criterios de sostenibilidad ambiental y preservando su carácter público. Se reclama la cesión de la finca al Ayuntamiento de Castellar y la colaboración de la Junta de Andalucía en la activación de estas nuevas iniciativas. El PP, a través de Inmaculada Olivero, aludió al convenio que se firmó en 2007 entre el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz para la Reforma Agraria, mientras que IU expuso que la Universidad de Córdoba ya concretó un proyecto sobre Majarambú que podría ser una primera materialización del banco de tierras de Andalucía. Las propuestas se aprobaron con los votos favorables de PP, IU, PA y Foro Ciudadano y el rechazo del grupo socialista. Los acuerdos se trasladarán a la Junta de Andalucía.
En el ámbito del empleo también se apoyó, por unanimidad, una propuesta del PSOE que reclama una reducción del IVA que se aplica a las peluquerías. Este sector pasó, tras la última reforma tributaria, del 8 al 21 por ciento de gravamen. El Pleno solicita al Gobierno central que reconsidere los efectos negativos de este incremento e incorpore las peluquerías en el actual tipo reducido, cifrado en el 10 por ciento.
Infraestructuras: canon del agua y PITVI.
El Pleno demanda a la Junta de Andalucía que aplique el denominado canon de mejora –incluido en los recibos del agua- en la financiación de las estaciones depuradoras y colectores que necesitan los municipios de la provincia de Cádiz, conforme establecen las directivas europea y la legislación autonómica. Así se expresa una iniciativa del PP que ha sido aprobada por el grupo proponente, IU, PA y Foro Ciudadano, frente al rechazo del PSOE. El Gobierno autonómico determinó, en octubre de 2010, las infraestructuras hidráulicas andaluzas que tendrían que financiarse con el citado canon; en el caso de la provincia de Cádiz se incluían 21 actuaciones con repercusiones en 35 municipios. En la propuesta –defendida por Antonio Saldaña- se reclama la financiación efectiva de las actuaciones pendientes, el establecimiento de plazos de ejecución y la compensación que debe asumir la Junta a tenor de las sanciones que perjudicarán a los Ayuntamientos si no se resuelven las obras sobre depuración de aguas residuales.
Por unanimidad se aprobó la iniciativa socialista referida a las alegaciones de la provincia de Cádiz al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI). El Pleno se mostró partidario de que en dicha planificación se incluyan los medios ferroviarios, carreteras, zonas logísticas e infraestructura portuaria que requiere la provincia para fortalecer su capacidad económica.
Escuelas: de Arte de Algeciras y Nuestra Sª del Carmen de San Fernando
La responsable de Cultura de Diputación, Pilar Pintor, defendió una propuesta planteada para requerir a la Junta de Andalucía que resuelva las obras de mejora que necesita la Escuela de Artes de Algeciras. Esta intervención se incluye en el plan OLA, en el que también figuran actuaciones centros de enseñanza de la provincia. El Pleno reclama la ejecución de todos los compromisos contraídos y traslada esta demanda a la Junta conforme a los votos favorables de PP y PA, la abstención de IU y Foro Ciudadano, y los votos en contra del PSOE.
El Pleno, a propuesta de IU, también solicita a la Junta de Andalucía que rectifique su decisión de trasladar las unidades de educación infantil que ha venido ofreciendo la escuela Nuestra Señora del Carmen, en San Fernando; además de consensuar una planificación que estabilice el centro para los próximos cursos. Votaron a favor de la propuesta IU, PP, PA y Foro Ciudadano, y en contra el PSOE.
Afanas y Violencia de género
Por iniciativa del PA se respaldó una iniciativa dedicada a Afanas. En concreto se reclama a la Junta que abone los conciertos establecidos con esta entidad y que permitirán que los empleados perciban sus nóminas. En la propuesta se demanda al resto de administraciones públicas que resuelvan, de manera urgente, las cantidades adeudadas a Afanas. Se solicita además una ampliación de las plazas concertadas. La iniciativa fue apoyada por unanimidad.
También fue unánime la aprobación de una propuesta planteada por el grupo socialista en relación a la respuesta institucional contra la violencia de género. Al respecto el Pleno solicitará al Gobierno central la activación de un Pacto de Estado, así como suficiencia financiera que garantice la prevención y la asistencia a las víctimas.
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